Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado condenado
También también el primero al que el CGPJ declaró “no idóneo” para el cargo
Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en España. El Tribunal Supremo (TS) le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este fallo supone su salida de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la ‘mano derecha’ de su antecesora inmediata, la también ex ministra de Justicia Dolores Delgado. Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora, y con el voto discrepante de dos magistradas progresistas, ha puesto fin a un mandato que venía agonizando desde que cinco de esos magistrados decidieron hace poco más de un año, el 16 de octubre de 2024, encausar a García Ortiz por la filtración de que la defensa de González Amador ofreció a Fiscalía reconocer los dos delitos fiscales por los que le investigaba a cambio de eludir la cárcel. Desde ese mismo día, numerosas voces dentro y fuera de la Fiscalía han reclamado su dimisión, algo que García Ortiz siempre ha descartado bajo el convencimiento de que su deber era defender a la institución y sus miembros frente a lo que advirtió como un “bulo”: la publicación de las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024 en El Mundo que decía que era Fiscalía quien había buscado un acuerdo con el novio de Díaz Ayuso. Ya en el juicio, sostuvo que, si actuó de aquella manera —recabando en horas de la noche y casi de la madrugada los emails entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador, y publicando ya a las 10:22 del 14 de marzo una nota de prensa donde aclaraba que la iniciativa partió del empresario y que estaba dispuesto a confesar— fue con el ánimo de transmitir la verdad ante lo que percibió como una campaña de desprestigio procedente de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno, que ha mantenido su apoyo a García Ortiz a lo largo de todo el procedimiento, ha hablado este jueves por boca de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, para ratificarlo. Ha trasladado el “deber legal” del Ejecutivo de respetar la decisión judicial pero también el “deber moral” de decir públicamente que no la comparte. En acatamiento de la sentencia, ha anunciado que Moncloa prepara ya el relevo de García Ortiz. Acaba así un caso de alto impacto jurídico y político que ha generado un continuo desgaste no solo para García Ortiz --a nivel profesional y personal-- sino también para el Ministerio Público, colmando así una inercia que heredó desde el primer día de mandato. Fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal. Desde su llegada fue objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
