Procesados seis ex altos cargos y el “conseguidor” de los ERE

El juez Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, procesó a 16 personas, entre ellas 6 ex altos cargos de la Junta de Andalucía y el “conseguidor” de los ERE y exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, en relación con la ayuda sociolaboral concedida a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.

En un auto fechado el 5 de octubre, el magistrado de refuerzo considera que los hechos investigados dentro de la pieza separada relativa a Surcolor —la tercera donde se dicta auto de procesamiento tras las de Acyco y del procedimiento específico— podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos. De este modo, procesa a seis exaltos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

Además, procesa a Juan Lanzas, al presunto “testaferro” de los ERE, Juan Francisco Algarín; a los extrabajadores de Vitalia, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; a un abogado; a dos “intrusos” —uno de ellos concuñado de Antonio Rivas—; a los responsables de Surcolor, Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y a un representante sindical.

Asimismo, el juez acuerda el archivo de la causa con respecto a dos investigados, como son los exdirectores de Finanzas de la agencia IDEA Juan Francisco Sánchez y José Antonio Diz-Lois. “Se limitaron a ejecutar el pago acordado, sin que conste supiesen de las irregularidades de las ayudas al amparo de las cuales se ordenaba el mismo”, apunta el auto. El magistrado relata que, en 2005, Surcolor y Surcolor Óptica contaban con 45 trabajadores, mientras que en marzo de ese año iniciaron un ERE ante la delegación de Empleo en Sevilla para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo. Basaron su solicitud en circunstancias productivas y organizativas.

Así, el 22 de marzo de 2005 se presentó la solicitud, tras la que la Junta remitió un escrito al administrador único de Surcolor en el que le comunicaba los defectos observados en el documento presentado y le requería para su subsanación.

Transcurrido el plazo concedido sin que se corrigieran, la Delegación de Empleo dictó el 11 de mayo de 2005 una resolución por la que se archivaba la solicitud del ERE. No obstante, se prosiguió con la extinción de puestos de trabajo a través de despidos individuales que afectaron a 24 trabajadores.

Para el pago de las indemnizaciones, la empresa se comprometió a contratar una póliza de seguro a través de la que abonar pensiones en favor de los empleados cuyos contratos se extinguían, relata el instructor. “Pese a la ausencia de una solicitud formal de ayuda —añade— la Junta instruyó un expediente cuyo objeto era la concesión de una ayuda sociolaboral en favor de los trabajadores de estas sociedades cuyos empleos se perdían”. Para ello se formalizó una póliza de renta colectiva cuya firma estuvo precedida por un estudio de Vitalia en el que se incluyeron en la columna de empleados una relación de 26 personas, de las que nunca trabajaron para la empresa.