Guerrero, obligado a devolver casi 4 millones por los ERE

El Tribunal de Cuentas condenó ayer al exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en su condición de responsable directo, a devolver la cantidad de 3,8 millones de euros por una ayuda concedida en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a la empresa A Novo Comlink, quien también reintegrará una parte al ser considerado, de igual manera, responsable contable de la irregularidad.

En la sentencia, fechada el 19 de julio, la magistrada ponente Margarita Mariscal de Gante señala que Guerrero y A Novo Comlink son responsables del abono de 3.800.000 euros —a lo que hay que sumar unos intereses que, por el momento, ascienden a 353.980,54 euros— por el menoscabo generado por una ayuda destinada a la financiación de retribuciones a trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo que planeaba acordar por la referida entidad.

irregularidades. De esta manera, el Tribunal de Cuentas, tras admitir la demanda de la Junta de Andalucía a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, considera probado que en mayo de 2005 la mercantil A Novo Comlink instó un ERE por causas económicas, productivas y organizativas con el fin de extinguir un total de 190 contratos de trabajo y, tras un proceso de negociaciones entre la empresa y la representación de los trabajadores, en julio de ese año se firmó un acuerdo entre la referida sociedad mercantil, la Junta “representada por Guerrero en su condición de director general de Empleo” y la representación de los trabajadores de la empresa.

En ese acuerdo, tal y como considera acreditado el tribunal, se preveía la retirada del ERE y que por parte de la empresa, esta vendiera sus activos en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) destinando el importe de la venta a reducir deuda y a los costes inherentes al traslado a una nueva ubicación, que transformase en indefinidos la totalidad de los contratos temporales que tenía vigentes en ese momento (94) y crear otros 88 nuevos, que mantuviera al personal contratado en las condiciones consensuadas con la representación de los trabajadores así como que ejecutase un Plan de Jubilaciones Parciales al que se incorporarán los trabajadores a medida que cumplan 60 años y hasta los 65 años.

Asimismo, el acuerdo en cuestión recogía el compromiso adquirido por parte de la Junta de Andalucía de “apoyar al colectivo de trabajadores afectados por el Plan mediante un compromiso de financiación de medidas sociales incluidas en el mismo, en la medida en que ello vaya siendo necesario y en los importes complementarios a la aportación asumida por la empresa en los términos ya señalados”.