García Revilla: “Se informó a la Consejería sobre el fraude”

I gnacio García Revilla, interventor adjunto a la Intervención General de la Junta, declaró que se comunicó a la Consejería de Empleo en un informe lo que él llamó “un fraude de ley” en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. García Revilla concluyó su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra veintidós ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE entre los años 2001 y 2010.

Desde 1999 a 2010 el testigo fue interventor delegado de Control Financiero Permanente de entidades de derecho público, entre ellas el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, quien allegaba fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA. El Control Financiero Permanente realiza anualmente tres informes sobre IFA/IDEA, que en 2004 pasó de Empleo a Innovación, y estos van dirigidos al ente auditado, a la Consejería de adscripción del mismo y a la Consejería de Hacienda, a la que estaba adscrita orgánicamente la Intervención General. García Revilla señaló que a la Consejería de Empleo se hizo llegar el informe adicional realizado en 2005 al informe de cumplimiento de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA sobre el ejercicio de 2003, en el que se recogía que se daban subvenciones “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, pese a que la Consejería de Empleo ya no era destinatario del mismo. Pero, según García Revilla, las “irregularidades” detectadas en referencia al sistema de concesión de ayudas de los ERE eran achacables a Empleo y no a IFA/IDEA, que solo tenía la obligación de materializar el pago de las misma. A juicio del testigo, el “mal llamado informe” era “una comunicación”.