Fernández defiende que paralizó el pago de una ayuda de los ERE porque era ilegal

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández compareció como imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ante la juez María Núñez Bolaños y aseguró que paralizó un pago de unos 600.000 euros a las empresas Cespa y FCC por el conflicto de la limpieza de Granada porque “no tenía cabida dentro de la legalidad” y por tanto “no debía producirse”. Se trata de la quinta vez que el exconsejero de Empleo acude a declarar al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a raíz de su imputación en el caso ERE, la primera de las cuales se produjo ante la magistrada Mercedes Alaya en abril de 2012, mientras que en las tres siguientes se acogió a su derecho constitucional a no declarar, según informaron fuentes del caso.

En su primera comparecencia ante la juez María Núñez —quinta en total—, que había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, el exconsejero ratificó lo que ya dijo en la declaración ante Alaya y señaló que, “al parecer”, habría sido el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien comprometió estas ayudas con cargo a los fondos de la Dirección General a fin de solucionar el conflicto de la limpieza de Granada de los años 2005 y 2006. Según explicó, Guerrero se habría comprometido en nombre de la Dirección General de Trabajo a asumir las cantidades reclamadas.