Exinterventores de la Junta centrarán el juicio de los ERE
La sesión se reanuda hoy con la declaración de la testigo María Luisa Raya
E l tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares cita para esta semana a cuatro testigos, todos ellos personas que han desarrollado su labor profesional en la Administración autonómica en la Intervención de la Junta.
No obstante, la sesión de hoy, la número 63 del juicio, empezará con la continuación de la declaración como testigo de María Luisa Raya, interventora desde 2013 del Control Financiero Permanente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), quien el pasado miércoles dijo que las ayudas investigadas se dieron sin fiscalización previa y sin control hasta 2011. Raya, a preguntas del Ministerio Fiscal, explicó que estas ayudas investigadas se concedieron sin fiscalización previa y sin control hasta el año 2011, cuando llega “el cambio real” con la Orden de abril de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de reestructuración de empresas en la comunidad. Una vez concluya Raya su declaración, será el turno de Rocío Marcos Ortiz, interventora general de la Junta desde abril de 2010 a mayo de 2012, cuando cesó del cargo. Cabe recordar que en marzo de 2016 la ex interventora general compareció como testigo-perito ante el juez de instrucción Álvaro Martín en el caso de los ERE y defendió que las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por IFA/IDEA “no son ilegales” y subrayó que éstas “son un concepto contable y no jurídico”.
De igual modo, aseguró que no participó en el informe aportado a la causa por el que fuera interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso donde se avalaba que el sistema de las transferencias de financiación que se utilizó para el pago de las ayudas contaba con el “máximo respaldo legal e institucional” y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario.