El exconsejero Ángel Ojeda asegura que el Gobierno andaluz le debe 5 millones de euros

El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, declaró ayer como investigado ante la juez María Núñez Bolaños por las presuntas irregularidades en los cursos de formación, financiados por la Junta. Lamentó que la formación, según él, “ha sido la ruina” de su grupo de empresas. Añadió que la Administración autonómica le debe a sus empresas unos cinco millones de euros, a lo que hay que sumar, aclaró, “los expedientes de reintegro que están saliendo ahora”.

Ángel Ojeda compareció por espacio de cerca de tres horas ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y, según el acta de su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, dejó claro que los cinco millones de euros que, como argumentó, le debe la Junta están, para ella, “justificados hasta el último céntimo”. “Con todo este escándalo, les han ido quitando cursos por el tema de la alarma social creada”, afirmó en torno a los cursos de formación. La juez investiga al exconsejero por delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones en relación a la actividad desarrollada por empresas del Grupo Prescal, que, supuestamente, había recibido con cargo al programa 32D, dentro del dispositivo de Delphi, por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, en sus palabras, “a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010”.

Núñez considera que existen indicios de que, como aclaró, “buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas” al exconsejero. “En lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento”, dejó claro.

El exconsejero, que no se ratificó en la declaración que prestó en el Juzgado de Cádiz, tras su detención en agosto de 2014 porque, para él, “estaba en estado de shock”. “Los cursos siempre se han realizado a plena satisfacción”, argumentó. “Solo tres años después de terminarlos han empezado a surgir los temas”, juzgó.