Phil Hogan ultima una PAC con recortes para grandes agricultores
El nuevo comisario prepara un borrador con más apoyo para los jóvenes
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ultima su primera propuesta sobre la Política Agraria Común (PAC). Todo está listo para que se presente este mismo mes. A Jaén le va la vida en ello, ya que es la provincia europea que más fondos recibe —en ayudas directas— y que cuenta con programas ligados a los fondos de desarrollo rural. A falta de la presentación oficial, la idea del comisario gravita en tres pilares: recorte de apoyos para los grandes agricultores o, lo que es lo mismo, que ninguna ayuda sea superior a 100.000 euros —parece que incluso se dejaría encima de la mesa reducirla hasta los 60.000—, una simplificación de la burocracia que afecta a la Unión Europea, mayor intervención de los países en algunos aspectos y, sobre todo, medidas para favorecer el rejuvenecimiento del campo, es decir, la entrada de jóvenes y la salida de los agricultores más veteranos.
Además, la nueva PAC tiene un serio problema, como es la salida de Gran Bretaña. Se trata de un país que aportaba fondos y dejará de hacerlo, por lo que queda pendiente si se reduce el presupuesto —por aquí siempre va la idea de los países nórdicos, que suelen ser pagadores— o se mantiene, por lo que habrá que poner encima de la mesa más dinero.
Precisamente, se plantea que la introducción de un grado de cofinanciación nacional para los pagos directos, especialmente si se hace de manera opcional, pondría en peligro el funcionamiento actual sin problemas del mercado interior de productos agrícolas y alimenticios sin garantizar la distribución equilibrada del apoyo. Por lo tanto, los pagos directos deberían seguir financiándose en el ámbito de la Unión Europea. No obstante, indica que sí que se deberá prestar una especial atención para las personas que dependen de la agricultura para ganarse la vida o, lo que es lo mismo, se ahonda en la figura del agricultor profesional, que ya esbozó la Política Agraria Común (PAC) que se encuentra actualmente en vigor.
Por otro lado, se abre una puerta interesante, como es la que los países puedan aplicar medidas fiscales extraordinarias para frenar o corregir escenarios de volatilidad en los precios. Sería algo parecido a intentar favorecer el ahorro y las inversiones de los agricultores en los años beneficiosos para mantener una estabilidad cuando se aproximen campañas en las que se prevean menos rentabilidad en las cosechas.
El Ministerio de Agricultura obligará a todas las aceiteras a declarar su actividad, aunque, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, hará concesiones a las comunidades autónomas. Lo hace en un contexto en el que la Generalitat obtuvo el respaldo del alto tribunal para asumir más competencias y, además, existe una carta, que ha llegado a muchas almazaras y envasadoras de Cataluña, en la que se pide que se dejen de dar cifras al Gobierno de España.
Ahora, se ha elaborado un Real Decreto que modifica la normativa de las declaraciones. El texto señala que pretende afianzar y actualizar el sistema que está en vigor y complementarlo con un registro de instalaciones oleícolas que están obligadas a declarar. Sin embargo, en poco tiempo, las comunidades autónomas serán las responsables del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas, que quedará adscrito al Ministerio de Agricultura. Se encargará de poner en marcha un funcionamiento coordinado. Precisamente, uno de los problemas que se planteaba era el de la regulación de las interprofesionales, ya que el registro del Gobierno de España es el que regula el pago de las cuotas para financiar las campañas de promoción. De esta manera, se quiere establecer un sistema que permita ofrecer información transparente al sector y valga para resolver las tensiones que existen, sobre todo, con la Generalitat de Cataluña.