Las Protegidas reza a Santa Adela
El Grupo 1060, dispuesto a asumir la inversión municipal en un pacto a 3 bandas
Pasa más de un mes desde la reunión entre el alcalde, Javier Márquez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y los propietarios del Grupo 1060-José Antonio, en el céntrico barrio de La Victoria, empiezan a desesperarse. Tras el encuentro con el regidor, la presidenta andaluza sugirió públicamente la posibilidad de repetir en Las Protegidas el modelo de rehabilitación que ha desbloqueado la tercera fase de rehabilitación de las viviendas de la barriada granadina de Santa Adela. Lo que planteaba era un convenio a cuatro bandas en el que se implicara al Gobierno, a la propia Administración autonómica, al Ayuntamiento y a los vecinos en la cofinanciación de unas obras que están estimadas en, al menos, 6 millones de euros para cada una de las cuatro manzanas de viviendas que conforman Las Protegidas. Pero la entidad local sofocó rápidamente cualquier conato de esperanza.
Parapetado en la ruinosa situación económica y financiera que acusan las arcas municipales, el equipo de Gobierno local se niega en banda a participar en la cofinanciación. “Entendemos que la rehabilitación de estas viviendas es necesaria y una prioridad para los vecinos”, razonó la portavoz municipal, Reyes Chamorro. Pero, aclaró: “No vamos a entrar en la financiación porque, según la legislación vigente y la catalogación de estas viviendas, no nos corresponde y, además, el Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para llevar a cabo este proceso”. Desde entonces, para infortunio de los vecinos, un muro de silencio se ha levantado sobre el diálogo que el Ayuntamiento abrió, a principios de año, con la Junta de Andalucía para atajar un problema enquistado que —advierten los propietarios— amenaza con convertir esta zona en un “gueto”, y no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados.
“¡Lo que queremos es ver ya realidades!”, enfatiza el presidente de la comunidad de propietarios del Grupo 1060-José Antonio, Juan José de la Torre. Y, para ello, anuncia que el grupo está “dispuesto” a asumir la parte proporcional del convenio a cuatro bandas que le correspondería al Ayuntamiento. “Ya que el alcalde no quiere ayudar a los vecinos, que dice que no tiene ni un duro, nosotros buscaríamos una solución, pidiendo un préstamo o lo que fuera, pero que no diga que no y ya está, porque, entonces, los demás se echan para atrás”, reprende De la Torre, que añade: “Estamos hartos de muchas ideas y de que, en la práctica, todo se olvide”. ¿Es posible lo que plantea el presidente de la comunidad? Después de muchos enfrentamientos, parece que De la Torre y el delegado de Fomento y Vivienda pueden ponerse de acuerdo. Preguntado por la posibilidad de que los vecinos asuman también el porcentaje inversor del Ayuntamiento, Rafael Valdivielso contesta: “Sin ningún tipo de problema”. Pero la participación de la entidad local seguiría siendo necesaria. Al tratarse de una intervención integral en una barriada de Jaén que no pertenece al parque público de viviendas, el Ayuntamiento “tendría que tramitar” la solicitud ante las administraciones. “Pero —reflexiona el delegado— parece incoherente que un Ayuntamiento que exige arreglar esto no ponga un duro”.
problemas. Grietas, la amenaza de derrumbe de los tejados o parches de humedad recorriendo las paredes del patio son la muestra del deterioro galopante en el que se encuentran las 113 viviendas del Grupo 1060-José Antonio. Además, los vecinos aseguran que el patio está cediendo por la zona que da a la calle Virgen de la Cabeza debido a la falta de desagües y de unos “saneamientos subterráneos que están rotos”. La situación es tal que tienen orden de desalojar los pisos de la última planta.
2006. El 21 de febrero de ese año, la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía acuerda inscribir Las Protegidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como exponentes del Movimiento Moderno. Ahí comienza un litigio de 8 años.
2009. El 19 de febrero de ese año la Consejería de Vivienda dicta una orden que contemplaba destinar 24 millones a la rehabilitación integral de las cuatro manzanas. Recientemente, el Grupo 1060-José Antonio ha recurrido de nuevo a los tribunales para reclamar esta subvención a la Junta.
2014. Desde el tribunal de primera instancia al Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo. Todas las salas en las que se analizó la denuncia de los vecinos contra la catalogación de las viviendas avalaron la resolución de la Administración autonómica. Se apoyaron en la arquitectura singular de los edificios.
2015. El pasado otoño, los propietarios del Grupo 1060 recibieron la noticia que temían tanto como esperaban. La Gerencia de Urbanismo dictaba un informe técnico desfavorable de las viviendas y, de forma cautelar, se ordenaba el desalojo de los últimos pisos y el vallado perimetral. No se ha ejecutado.
2016. El alcalde, Javier Márquez, toma la iniciativa y mantiene reuniones con responsables de las consejerías de Cultura y de Fomento y Vivienda para buscar una solución a “Las Protegidas”. A finales de febrero, tras una reunión con él, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lanza una alternativa.