España, en “estado de alarma” durante 15 días por el Covid-19

Los relojes marcaban las tres y media de la tarde y España entera se hallaba al frente del televisor. El motivo, el anuncio de una nueva comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar nuevas medidas contra la crisis del coronavirus. El máximo responsable del Ejecutivo, que compareció desde el Palacio de la Moncloa, confirmó lo que parecía un secreto a voces, dado el ritmo frenético con el que se vienen sucediendo los acontecimientos en torno al Covid-19: la aplicación del “estado de alarma” en España a partir de hoy mismo.

Lo hizo después de que numerosas voces del panorama político pidieran por activa y por pasiva esta medida, después de la comparecencia de este jueves del presidente del Gobierno, que, aunque no decretó entonces el estado de alarma, no cerró la puerta a tomar esa decisión. La de ayer, de hecho, se trató de una mañana frenética en este sentido, a pesar de que parecía claro que los debates mantenidos en la cúpula del Gobierno sólo podían llegar a un único puerto. “Nos esperan semanas muy duras”, aseguró en su comparecencia Sánchez, que indicó que el país se halla “sólo en la primera fase del combate contra el coronavirus”. De hecho, el presidente no descartó que la próxima semana se alcancen los 10.000 afectados en España. Aunque Sánchez indicó que la declaración del estado de alarma “permite movilizar al máximo los recursos contra el virus”, hizo hincapié en que “la victoria” depende de la colaboración de la sociedad: “El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía”.

La aplicación del estado de alarma está recogida en el artículo 116 de la Constitución española y se desarrolla en la Ley Orgánica 4/1981 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, en la que reza que esta puede ponerse en marcha en situaciones de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”, entre otras circunstancias. El Gobierno adquiere potestades de limitar la circulación de personas o intervenir fábricas, requisar bienes, imponer prestaciones personales obligatorias y sanciones para su cumplimiento. El Gobierno también podría intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados, así como limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

Según reza en la Carta Magna, la declaración de un estado de alarma se aplica mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros en el que se determina el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la citada declaración. En este caso, Sánchez anunció que afectará a toda España. El plazo máximo será de 15 días y se debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. En la Ley Orgánica se precisa, además, que el Parlamento podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. También establece que la declaración debe ser difundida de manera obligatoria por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará en vigor desde el instante de su publicación en el BOE.

Las medidas y la duración deben ser las “estrictamente indispensables” para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se hará de forma proporcionada a las circunstancias. Además, no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Las otras tres situaciones en que el Ejecutivo lo puede aprobar, aparte de la mencionada, son catástrofes, calamidades o desgracias como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud; paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.