El inicio del expediente a Castillo se resolverá en el próximo pleno

Sí o no”. Estas son las dos opciones —con permiso de la abstención— que tienen los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento ante lo que propone el equipo de Gobierno, que no es otra cosa que iniciar el expediente a la empresa concesionaria del transporte público en Jaén, en este caso, Autobuses Castillo.

La primera teniente de alcalde y concejal de Presidencia, África Colomo, convocó a los portavoces de los grupos con representación a un encuentro en el que expuso con detalle cuál es la propuesta que hace el equipo de Gobierno formado por el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Cs). En este sentido, los pasos a seguir serían los siguientes. En primer lugar, se debe aprobar en pleno —la semana que viene— el inicio del expediente a Autobuses Castillo. De tener luz verde, se eleva el mismo al Consejo Consultivo, cuya decisión, según detalló Colomo, es “vinculante”. La primera teniente de alcalde también hizo un llamamiento a la tranquilidad de los usuarios del servicio, puesto que el periodo de tiempo desde que se apruebe en sesión plenaria la incoación de expediente, este se eleve al Consejo Consultivo y el mismo emita una resolución, puede ser de meses. “El servicio no repercutirá negativamente en los usuarios”, indicó la también concejal de Presidencia. Asimismo, hizo hincapié en que el equipo de Gobierno, lo único que persigue, es un “mayor control y calidad de los servicios” que se prestan y apostilló que el de transporte público es, si cabe, de los que más requieren. “Nunca se ha dado la oportunidad a otras empresas de que concurran para hacerse con el servicio”, indicó Colomo, que puso el foco en que Castillo lo presta en la ciudad de Jaén desde 1961.

El hecho de llevar a pleno el caso del expediente es uno de los pasos que se incluyen en la hoja de ruta que se ha marcado el equipo de Gobierno sobre este asunto. Se enmarca, a fin de cuentas, en “dotar de transparencia” los servicios públicos que se prestan en Jaén. En definitiva, Colomo expuso a los portavoces durante la reunión lo que supone un paso más para declarar la nulidad del decreto del 25 de julio de 2005 que amplió el plazo de la concesión del servicio de transportes urbanos por un periodo de 25 años más. “Nunca se ha licitado”, aseguró. Cuando Castillo cogió las riendas del servicio de transporte público en Jaén, en 1961, “ya existían informes municipales que decían que el mismo no se ajustaba al sistema de concierto previsto en la legislación vigente”. Así, la concejal de Presidencia señaló que el contrato se prorrogado y renovado a lo largo de los años. La última vez fue, según apuntó, en 2005. Colomo esgrime que hay diversos informes del Ayuntamiento que sostienen que se pueden dar hasta tres causas de nulidad con respecto a la última de las prórrogas, la de 2005.

En primer lugar, que la prórroga del acuerdo se efectúa por decreto de Alcaldía cuando la competencia para la contratación o mantenimiento de los contratos corresponde al pleno.

Por otro lado, Colomo indicó que se recurrió a la vía “fácil” de dictar un decreto que ampliaba, de manera unilateral y hasta 72 años desde la fecha de formalización, el plazo de prestación de servicios por parte de la empresa. “Se hurtó claramente la posibilidad de libre concurrencia de otras empresas interesadas en optar al contrato”, afirmó la primera teniente de alcalde. En tercer lugar, y por último, Colomo puso de relevancia que se prescindió “por completo” del procedimiento legalmente establecido para la concesión de este servicio público.

Por tanto, en representación del equipo de Gobierno, aseveró que corresponde a ellos mismos iniciar el expediente de revisión de oficio en el que, como resulta preceptivo, “se tiene que dar trámite de audiencia a la empresa concesionaria del servicio para que realice las alegaciones oportunas y se tiene que elevar al Consejo Consultivo, cuya decisión es, además, vinculante”. A este respecto, añadió que el equipo de Gobierno “cumple con su responsabilidad ante la más que dudosa legalidad del contrato y la prórroga que sustenta la prestación del servicio”, para que si finalmente se constata la existencia de esa nulidad se pueda licitar el mismo y permitir la libre concurrencia de otras empresas, lo que va a redundar, según Colomo, en una mayor transparencia en la gestión de los servicios públicos, en este caso, en el de transporte urbano en la capital de la provincia.