“Clece reduce los gastos, aporta eficacia y genera más innovación”

Cristóbal Valderas Alvarado, jiennense de nacimiento y de sentimiento, está al frente de una de las mayores empresas del país, Clece, un gigante con más de 73.000 empleados que atiende a un millón de personas y que, entre sus líneas de negocio, apuesta por la ayuda a domicilio, su visión es clave para conocer por dónde se mueve y hacia dónde va el sector, para eso acudió al debate que organizó Diario JAÉN. “Hemos hecho foros en Madrid, Zaragoza, Málaga y Valladolid. Es el primero que organizamos en Jaén, por lo que en algo somos pioneros. Creo que no hay duda de que la ayuda a domicilio es un servicio público, puesto que lo rige un pliego de condiciones. Otra cosa es la gestión, que puede ser directa o indirecta, en manos de empresas privadas. En el caso de Clece aporta eficacia, reduce los costes y supone una mayor innovación tecnológica, algo fundamental porque atendemos a 4.600 personas en la provincia y cada lugar es un centro de trabajo distinto. Con la gestión indirecta, el 50% de los costes revierte luego en las administraciones, gracias al pago de impuestos y otros conceptos”, dejó claro y aportó una de las líneas maestras de su visión sobre esta actividad: “Si en un pliego, se hace una licitación que está por debajo de los costes del servicio estamos, como poco, ante una mala praxis. Es una manera de tensionar a todos, a la empresa, a los trabajadores, a las familias, a los usuarios. Si detectamos alguna situación de este tipo no nos presentamos al concurso y, en una segunda fase, lo demandamos. Sin embargo, creo que nosotros no tenemos que valorar si un concurso es legal o no, nos resulta triste y una paradoja, porque un pliego tiene que cumplir todos los requisitos”.

En esta línea, insistió en las ventajas de contar con expertos en la prestación de servicios, ya que, en el caso de Clece, como recordó cuentan en la plantilla con 12 personas que proceden de colectivos desfavorecidos y, por ejemplo, en el caso de las bonificaciones de las que se benefician algunos ciudadanos, estas se detraen directamente del precio. Según él, una de las prioridades de los gestores públicos es “facilitar que las empresas tengan algún punto más en los concursos, por ejemplo, con las cláusulas sociales”. “En Jaén hay 61 empresas, pero hay mucho pirata patapalo”, aseguró y, para apuntalar su postura sobre la necesidad de buscar sinergías público-privadas puso un ejemplo: “En 2012, cuando quitaron bonificación para la contratación de mayores de 45 años, se cometió un error gravísimo, puesto que ahora les estamos pagando el paro de larga duración”. “Hay un cinismo político y económico que tendríamos que revisar”, lamentó.

Como un espejo en el que mirarse, el máximo responsable de Clece recordó su paso por el Reino Unido y los controles que allí se aplican, por ejemplo, en la asistencia a domicilio. “Hay un organismo público que valora la prestación de cada contrato. Te ponen un verde, un amarillo y un rojo, en el caso de que lo hagas mal. Te echan”, aclaró. “Nosotros apostamos por los servicios públicos y la gestión indirecta, por su mayor y su capacidad de innovación, mayor que la de las administraciones, somos más rápidos. Vamos de la mano de los clientes y estamos más cerca de los sindicatos”, apuntó. Eso sí, se mostró convencido de que es clave la renovación del convenio nacional del sector, que marca los salarios y pidió que tanto UGT como CC OO le encarguen las negociaciones a sus expertos. En cuanto a la problemática actual con las dificultades para mejorar las condiciones de trabajo del personal que se da en algunos casos, lanzó un argumento: “No podemos aprobar leyes que no podemos financiar. 80 personas al día mueren con la ley de dependencia aprobada y sin que hayan recibido la atención adecuada. Por eso hay que enfrentarse a la pregunta de si se va a cumplir la ley o hay que cambiarla. Hablamos de personas vulnerables que se mueren. Se crea una expectativa, pero luego no se les atiende”.

Y es que cree que es capital acabar con esta dicotomia y, de ahí, que defienda, en una provincia que pierde población a pasos agigantados, que, en sus palabras, “para fijar empleo al territorio, la ayuda a domicilio es la mejor fuente de trabajo”. Al respecto, no dudó al reclamar un cambio en las políticas de contención de gasto para hacer posible que los ayuntamientos que dispongan de superávit económico, tengan capacidad de destinar estas sumas a la prestación de servicios vitales para sus comunidades, una fórmula que, en su opinión, beneficia a la población, a los operadores privados y también a las administraciones públicas.