Baja el número de desahucios en la provincia jiennense
El Consejo General del Poder Judicial anota hasta el mes de septiembre 274 casos
Pocos dramas son tan dolorosos como perder el hogar que con tanto esfuerzo y sacrificio costó crear. Cuatro paredes de una casa que se convierten en el refugio de una familia y que, forzados por la situación económica, la crisis, el desempleo, los “fondos buitre” o cualquier terrible suceso, se ven forzados a abandonar. Una pesadilla que, este año, se reduce drásticamente. Así se refleja en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” del Consejo General del Poder Judicial que, en el registro de hasta el tercer trimestre de 2019, el número de desahucios ha sido de 274 —desglosado en 88 el primer trimestre, 107 el segundo y 79 el tercero— que, en comparación con los datos del año pasado hasta septiembre, son 155 casos menos en la provincia.
Con un rápido vistazo a los números que se desprendían del informe los últimos años, la situación es notablemente positiva. Por primera vez en 5 años la suma de desahucios podría no superar los 500. Desde que en 2013 se registraran 447 lanzamientos —ejecución de una sentencia de desahucio y que se produce cuando el demandado no desaloja la finca voluntariamente—, los jiennenses acumulaban más casos. Con 526 en 2014, 539 en 2015, 525 en 2016, 512 en 2017 y, con la mayor subida en esa época, 2018 con 543 desahucios. Aún queda por conocer el cuarto trimestre para obtener el resultado final de lanzamientos en la provincia. Sin embargo, tendrían que ser más de doscientos, algo que no ha sucedido hasta ahora en los registros jiennenses. Por lo tanto, se prevé finalizar el año con una caída más que notable.
En comparación con el resto de provincias de la comunidad, respecto al dato del tercer trimestre del CGPJ, Jaén sería de los lugares donde menos desahucios sucedieron, en concreto, 79. Por debajo estaría Huelva, con 63, y los demás serían cifras superiores. Así, con Málaga en lo alto de la lista, con 508 lanzamientos, le siguen Sevilla, con 321; Cádiz, con 253; Almería, con 236; 198 en Granada, y Córdoba con 96.
De esta forma, Andalucía se sitúa como la segunda región en la que se practicaron más lanzamientos, con un total de 1.754, solamente por detrás de Cataluña, que, con 2.239 que representan el 22% del total nacional, es la comunidad autónoma en la que se practicaron más en el tercer trimestre, según el Consejo General del Poder Judicial. Los andaluces se sitúan por delante de la Comunidad Valenciana (1.440) y Madrid (1.147), de acuerdo a los mismos datos del CGPJ.
NACIONAL. La tendencia general en todo el país es a la baja. Así, en España, durante el tercer trimestre de 2019 hubo 10.177 desahucios, lo que supone un descenso global del 11,9% respecto al mismo trimestre del año pasado. En el conjunto de España, los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 7,7% en el tercer trimestre del año, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 25,8%. De este modo, se acumulan 17 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios. El 68% de los desahucios (6.936) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 24,8% (2.526) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 715 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.
Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el tercer trimestre se han ingresado 982 demandas, de las que se han resuelto 634. El mayor número de ellas —239, que representan el 24,3% del total nacional— se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (150), Comunidad Valenciana (141) y Madrid (111).
La plataforma de Afectados por la Hipoteca y Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, denunciaron el “desmantelamiento” de las políticas públicas de vivienda y los “obstáculos” para que la Renta Mínima llegue a las familias andaluzas. “El resultado es la grave situación de empobrecimiento y exclusión social que están viviendo muchas personas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que garanticen los derechos”, afirman desde el colectivo PAH.
Hacen hincapié en la necesidad de una Renta Mínima de Inserción que, “a través de diversas trabas burocráticas y de falta de presupuesto, se impide el acceso a este recurso a personas que cumplen con los requisitos y que carecen de ingresos económicos para poder vivir dignamente”, afirman, y añaden que hay “una escasa y deficiente política de vivienda que está provocando que no existan parques públicos de vivienda, alquileres asequibles, viviendas sociales, entre otros, lo que supone que haya muchas personas sin un techo para vivir”.
Por ello, subraya que estas situaciones suponen el “desmantelamiento de los Derechos Humanos”, y reclaman política “destinadas a los más vulnerables”. “El empobrecimiento y la situación de exclusión social tienen solución, solo necesitamos otra manera de actuar e ir a la raíz del problema”, concluyen.
El grupo municipal de Adelante Jaén reclama al Ayuntamiento que ofrezca soluciones a la población con menos recursos y “se arremangue para poner a disposición de los más vulnerables soluciones habitacionales que eviten su exclusión social”, señala Javier Ureña, que participó en la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. “Cerrar los ojos no significa que el problema desaparezca” explica el concejal de Adelante Jaén en relación a la ausencia de iniciativas municipales para paliar esta situación que es “especialmente grave en aquellos casos en los que hay menores”. El Ayuntamiento de Jaén, según denuncian, no lleva a cabo ninguna promoción pública a través de Somuvisa desde 2013 y, recientemente, anuló el acuerdo de compraventa entre la Sociedad Municipal de Vivienda y el Ayuntamiento para la construcción de los 34 pisos protegidos en la calle Orcera ante el costoso desembolso que suponía para la Administración Local y la previsible nulidad del PGOU que contemplaría estos terrenos como no edificables. “La situación de la vivienda en Jaén no puede debatirse entre la inacción del actual gobierno PSOE-Cs y la ineptitud de la anterior corporación del PP”, explica Ureña, que pide “compromiso expreso con la tramitación de la Renta Mínima de Inserción”.