El Supremo obliga a pagar la expropiación del Cantarranas

A la “desesperada”. Así ha intentado el Ayuntamiento zafarse de la sentencia del Tribunal Supremo que lo obliga a pagar 7 millones de euros por la expropiación de unos terrenos del Parque Cantarranas. El Equipo Jurídico municipal presentó lo que se conoce como un incidente de nulidad con la intención de invalidar todo el proceso. Sin embargo, el Supremo lo ha rechazado y, a partir de ahora, se pone en marcha la maquinaria judicial que obligará a las arcas municipales a hacer frente a la friolera de 4,94 millones de euros en concepto del coste de la parcela, a los que hay que sumar otros 2 por intereses.

Esto significa el final de un proceso que comenzó en 2005, cuando el Ayuntamiento inició los trámites para la expropiación de unos terrenos de casi 64.000 metros cuadrados. Se trata de una parcela en la que, actualmente, se encuentra el Parque Cantarranas. En un principio, el Gobierno municipal tasó en 400.000 euros el valor del terreno, ya que estimó que se trataba de una parcela rústica. No obstante, esta decisión del Ayuntamiento se topó de frente con los dueños de la parcela, que consideraron su precio mucho más elevado. El pleito llegó hasta la Comisión Provincial de Valoraciones, un organismo que hace las veces de árbitro cuando se producen este tipo de desacuerdos entre dos partes en los procesos de expropiación. En este sentido, fijó el coste en 4,94 millones de euros, es decir diez veces más de la cantidad en la que los valoró en su momento el propio Ayuntamiento.

El Equipo Jurídico municipal recurrió entonces ante los tribunales, que han tardado más de 12 años en dictar la sentencia definitiva. El 21 de marzo de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimaba los argumentos del Ayuntamiento y confirmaba íntegramente la resolución de la Comisión Provincial de Valoraciones. Es decir, ratificaba que los terrenos en los que se construyó el Parque Cantarranas valían casi 5 millones de euros. El Ayuntamiento no se conformó y llegó hasta el final con un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, que el pasado 23 de marzo echaba un segundo jarro de agua fría sobre el Ayuntamiento, pues los magistrados comparten el criterio de que ese solar es urbanizable y, por lo tanto, debe ser valorado como tal. A pesar de que esta sentencia es firme, el Ayuntamiento ha intentado por todos los medios anularla.

Ahora, tras rechazar el Tribunal Supremo el incidente de nulidad, no cabe ningún otro tipo de acción judicial para evitar esta sentencia, por lo que se inicia el proceso por el que el Ayuntamiento deberá desembolsar casi 7 millones de euros por la expropiación de unos terrenos que no llegan a 64.000 metros cuadrados y que el propio Ayuntamiento tasó en 400.000 euros cuando, según los tribunales, su valor es diez veces mayor. El montante económico al que el Ayuntamiento debe hacer frente se desglosa en 4,94 millones de euros por el valor de la expropiación y, por otro lado, 2 millones en concepto de intereses.

El alcalde, Juan Fernández, mostró, en su momento, su disconformidad con una sentencia que considera “injusta” y anunció que el Equipo Jurídico del Ayuntamiento trabajaría en aras de buscar algún tipo de recurso para evitarla. De este modo, se presentó un incidente de nulidad que de poco vale, pues la maquinaria judicial está en marcha para que las castigadas arcas municipales afronten los 7 millones de euros por la expropiación.