La España vacía y el PER
Ya he dicho en otras ocasiones que prefiero el término “España Sola”, por considerar este calificativo más contundente, evocador, e incluso, más literario. Pero es obvio que “la España vacía” llegó antes y para quedarse. Así que, no porfiemos.
Si digo que la principal intervención para luchar contra el despoblamiento del mundo rural es la implantación, en todo el estado español, de un sistema de protección de los trabajadores del campo basado en el PER, probablemente habré perdido a gran parte de los potenciales lectores de este artículo que lo dejarán llegados aquí. Pero es que es así. El mejor instrumento para enfrentarnos al abandono de los pueblos, aunque necesita de una remodelación y actualización profundas, ya está inventado. Si en el campo no hay trabajadores agrícolas, todo se acaba. Y estos, llamémosles, peones, obreros o, como antiguamente, braceros. Son el último escalón en el mundo laboral, los más precarios, los más desfavorecidos, a pesar de la trascendencia de su trabajo. Sin ellos, hoy por hoy, la agricultura y en consecuencia, los pueblos, estarían muertos.
Pero, ¿cómo puede una persona vivir solo de los jornales esporádicos que le proporciona el dueño de la tierra? Cuando no hay trabajo, la mayor parte del año, no hay jornal. ¿Se puede crear una familia y un proyecto de vida en estas condiciones? Hace más de treinta años, el gobierno de entonces ya concluyó que no, que no era posible. Se implantó así, como repuesta, el PER en Andalucía y Extremadura. El sistema es muy simple. El trabajador cotiza a la Seguridad Social cada mes (en estos momentos alrededor de 120 euros) y cuando trabaja, es el patrón quien se encarga de ello, y si reúne un mínimo de 35 peonadas, tiene derecho a cobrar 420 euros al mes durante seis mensualidades si es menor de 52 años. Como cotizante, tiene derecho, lógicamente, a asistencia sanitaria y a pensión de jubilación. Eso es todo.
Aunque manifiestamente mejorable, el sistema ha dado resultado. Ha servido para dignificar al trabajador agrario y proporcionarle una mínima seguridad, aún dentro de la precariedad. Y, sobre todo, ha servido para que los pueblos andaluces y extremeños, y cualquiera que se acerque a los datos del Instituto Nacional de Estadística lo puede comprobar, hayan conseguido fijar más la población que en el resto de España. Hay más niños y jóvenes y más cotizantes a la Seguridad Social aquí que en las dos Castillas, que también son zonas agrícolas. Y todo esto, además, está resultando muy barato, infinitamente más que lo que perciben los agricultores en concepto de subvención.
Por todo ello, me atrevo a decir que la protección de los trabajadores del campo es justa, necesaria y rentable. También que debe mejorarse y perfeccionarse, que ha de haber un plan de formación permanente para este colectivo. Sobre todo, que debe extenderse a todo el territorio nacional. Que los trabajadores agrícolas de este país se sientan protegidos.