Visto para sentencia el caso de la legionela en las fuentes

Cinco años han pasado desde que saltó a la luz pública la noticia. Fue en enero de 2014 cuando el Grupo Municipal del Partido Socialista, entonces en la oposición en el Ayuntamiento de Jaén, denunció públicamente la existencia de legionela en tres fuentes de la capital. La información encendió todas las alarmas. Tanto que se produjo un cruce de demandas judiciales que terminó, la semana pasada, con la celebración de un juicio en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén. El caso, que quedó visto para sentencia, introduce una novedad importante: el fiscal pasa de no acusar a pedir un año y medio de prisión para el gerente de Ecotech Segura, Cristóbal D. S.

Esta empresa fue la que, según la instrucción, recibió el encargo del Partido Socialista de analizar las aguas de tres estanques de la ciudad. Lo que ocurrió fue que el Ayuntamiento negó la presencia de legionela y denunció tanto al laboratorio como a los socialistas por crear “alarma social”. En ese proceso judicial, se puso de relieve que el informe era, supuestamente, falso. Al parecer, alguien manipuló un documento anterior, correspondiente a una fuente de Albanchez de Mágina, lugar en el que, precisamente, trabajó Cristóbal D. S. durante una temporada. El juez instructor llegó a la conclusión de que el informe fue cambiado con una técnica de “photoshop” o similar con la intención de hacer ver, de forma intencionada, que en determinadas fuentes de Jaén había presencia de la bacteria de la legionela.

En un principio, en la causa también estuvo investigado el entonces secretario general del PSOE Local, Manuel Fernández Palomino. No obstante, el magistrado instructor archivó la denuncia contra él en diciembre de 2016. El procedimiento siguió adelante solo contra Cristóbal D. S., el gerente de la empresa que presentó el informe.

La Fiscalía no presentó, en un principio, cargos contra el empresario. El Ayuntamiento y el laboratorio que realizó el informe original en una fuente de Albanchez de Mágina son los que se personaron en la causa como acusación particular. Acusaron al encausado de delitos de falsedad documental, estafa procesal e infidelidad en la custodia de documentos. En total, llegaron a reclamar para él una condena de once años de prisión y el pago de una indemnización de 100.000 euros al dueño de los laboratorios que emitieron el certificado original. Sin embargo, el juicio, que se celebró el lunes de la semana pasada, fue solo por falsedad en documento privado.

Según las fuentes consultadas, además de Cristóbal D. S., declararon empleados de Ecotech; el dueño del laboratorio; el exalcalde de Albanchez, Alejandro Morales; Manuel Fernández; el actual alcalde de Jaén, Julio Millán, además de guardias civiles expertos en caligrafía y técnicos que pudieron aportar detalles acerca del informe supuestamente falsificado. Cristóbal D. S. mantuvo que él se limitó a encargar un informe a un laboratorio y que ese documento fue el que aportó al Partido Socialista. Sin embargo, según testigos presenciales, entró en contradicciones y no fue claro su relato. El dueño de la empresa que realizó el estudio original declaró que nunca recibió ni realizó ese encargo en la empresa que él dirige. En cuanto a los tres políticos, ratificaron el discurso realizado en el proceso de instrucción. El caso quedó visto para sentencia con una modificación importante: el Ministerio Fiscal, que no acusaba, pide ahora un año y medio de cárcel para Cristóbal D. S. por falsedad documental.