Vecinos de Cerro Molina reclaman alumbrado público

Llega el autobús, los basureros e, incluso, la asistencia sanitaria, pero los vecinos de Cerro Molina se quedan a oscuras cuando el sol cae. Aunque se trata de una de las zonas residenciales —no ubicadas dentro del casco urbano— más consolidadas de la ciudad y está considerada como un barrio más, el casi centenar de vecinos que vive todo el año —cerca de 300 en verano—, no tiene un sistema de alumbrado en las calles. A pesar de “apañarse” con las farolas de las propias casas, se trata de un servicio que nunca abasteció a la zona.

Sin perder la esperanza en sus reivindicaciones, desde la asociación de vecinos, su presidente, José Alcalá, da la clave para solucionar el problema: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Como en nuestra zona está suspendido, ahora nos centramos en las gestiones con Urbanismo y la Junta para poder reactivar la zona”, explica Alcalá. En este sentido, cuenta que, a pesar de que va lento, el proceso está en marcha. “Antes de Navidad nos pidieron una documentación para poder legalizar la urbanización. De manera que, cuando todo esté hecho, nos dejarán poner alumbrado público y más cosas para acondicionarlo”, dice.

Por lo tanto, la suspensión del PGOU en Cerro Molina será levantada cuando los vecinos entreguen esos documentos. “A partir de ese momento, empezaremos a presentar el proyecto de urbanización, en el que se incluiría el alumbrado público y la mejora de la red de saneamiento”, cuenta el representante.

Dispuestos a normalizar el barrio, los vecinos están dispuestos a colaborar en todo lo posible. “Si hay que aportar un dinero, como lo han hecho en otras zonas, como Puente de la Sierra, Puente Tablas o Valdeastillas, lo hacen. El problema es que hay mucha burocracia y te marean. Esto es un camino largo y lento. Sabemos qué es lo que necesitamos hacer, pero hay mucho trámite”, explica Alcalá.

El presidente del colectivo recuerda que la última reunión con los técnicos fue una semana antes de las elecciones municipales: “Nos dijeron lo que teníamos que entregar, pero preferimos esperar a que el equipo de Gobierno estuviera formado para asegurarnos, ya que temíamos que si entraba otra persona nos podrían pedir otras cosas después de haber invertido un dinero en los proyectos”, asegura Alcalá, quien reconoce que la demora en este caso fue por una decisión tomada por ellos. “En septiembre, con el cambio en la Gerencia, y antes de Navidad nos confirmaron que la documentación era la primera que nos pidieron y en ello estamos”, dice.

Sobre la información, José Alcalá indica que consiste en hacer una propuesta de lo que quieren que sea la urbanización; además, cada vecino tiene que aportar una medición de su edificio. “Es muy complejo. Barajamos presupuestos que rondan entre los 20.000 y 30.000 euros. Por eso hay que ir con cautela”, señala.