Un primer paso “histórico”

El pleno aprueba el comienzo del expediente para anular el contrato a Castillo

16 oct 2019 / 11:13 H.

Con aplausos. Así concluyó el pleno del Ayuntamiento de Jaén tras aprobar el inicio de expediente con el que se busca anular el contrato con la empresa Autobuses Castillo. Adelante Jaén, Ciudadanos y PSOE votaron sí. Vox y PP se abstuvieron. Los primeros, “por razones de prudencia”, y los segundos, “por no ser un obstáculo en la decisión del equipo de Gobierno”. Así, el resultado final fue la luz verde para comenzar un recorrido que, ya desde el pleno, se intuye “largo”. De todas formas, los ciudadanos que acudieron para conocer la decisión de primera mano, prorrumpieron en aplausos.

En concreto, la Administración local dio luz verde en el pleno extraordinario al inicio del expediente de revisión de oficio del decreto de Alcaldía, del 25 de julio de 2005, que permitió la ampliación de la concesión del servicio de autobús urbano a favor de Herederos de José Castillo por 25 años. Desde el PSOE hicieron hincapié en esa fecha, por ser la más próxima y actual. “Podemos decir que, tras casi 60 años, por fin el Ayuntamiento va a iniciar una acción que permita recuperar un servicio tan básico como es el transporte urbano”, comentó el alcalde, Julio Millán, que recordó que la renovación por 25 años del servicio por decreto en julio de 2005 incurre hasta en tres posibles causas de nulidad. Por un lado, sería por estar firmada por órgano incompetente (por decreto del alcalde en lugar del pleno), por la justificación de la prórroga a cambio de una mejora en el servicio cuyas razones de interés público ni siquiera quedaron documentadas en el informe, y por vulnerar el procedimiento de licitación establecido para este tipo de concesiones.

Tras la aprobación se abre un periodo de alegaciones, en el que podrá participar la propia empresa, y en el que se solicita un informe al Consejo Consultivo de Andalucía —el órgano superior que en Andalucía está encargado de la observancia de la Constitución—, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. Posteriormente, se procederá a la nulidad definitiva.

Como punto a favor al respecto, en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ya se llamó la atención sobre la ausencia de procedimiento en la prórroga suscrita en 2005. En este informe se evidenciaba que el sistema de renovación automática desde 1961 de la concesión a la empresa Castillo, el último de estos procesos el de 2005 que ahora sirve de base para la retirada del servicio, “impide de facto la convocatoria pública de la licitación del servicio, apreciándose en ello la vulneración de principios sobre los que pivota la contratación pública, tales como los de concurrencia, igualdad, transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos”. No se trata de un informe vinculante, pero sí es determinante para dar este paso, con el objetivo final, según apuntó Millán, de velar “por el interés general de la ciudadanía”.

En el transcurso del pleno, el concejal de Contratación y Control de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, fue el encargado de desglosar la propuesta e hizo hincapié en que el Ayuntamiento destina más de 50 millones de euros anuales a las concesionarias de servicios públicos. El concejal señaló que la municipalización del servicio de transporte “no es una cuestión que pueda abordar en estos momentos el Ayuntamiento con su situación económica”, pero subrayó que el paso dado va encaminado a que el servicio “se preste bajo los criterios de transparencia y libre concurrencia”.

Por su parte, la portavoz de Adelante Jaén, Lucía Real, defendió la municipalización del servicio de autobuses. “Votaremos que sí a la nulidad, pero el futuro, para nosotros, es la municipalización del servicio”. En el otro lado, desde el PP, su portavoz, Javier Márquez, defendió la abstención al considerar que el Consistorio se ve abocado a una batalla legal “larga” y de “dudoso resultado”. Javier Carazo defendió la “prudencia” en la medida. También desde Vox, su portavoz, Salud Anguita, reconoció la necesidad de mejoras el servicio, y aunque animó a la “valentía”, advirtió de largo proceso. “Nos esperan 4 años de pleito”, dijo.

orden del día . el ibi y el plan de ajuste, aprobado

En el pleno extraordinario convocado, también se debatió la propuesta de adhesión a las medidas de apoyo financiero a las entidades locales, en concreto, las de agrupación de préstamos de fondos liquidación de pagos a proveedores y fondos de ordenación, así como a la ampliación del periodo de amortización en diez años. En la propuesta se incluía también la actualización del plan de ajuste vigente a las nuevas condiciones de los préstamos. Así, se aprobó la decisión que defendió la concejal de Hacienda, María Orozco. “Es como la familia que va a su entidad bancaria por endeudarse demasiado y necesita refinanciarse, por lo que les suben el tipo de interés y alargan el plazo para que la cuota salga más asequible”, explicó, y añadió: “Estaríamos en otra situación si desde el principio se hubieran cumplido las medidas de planes de ajuste”. De igual modo, la propuesta de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del IBI también se aprobó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos y el “no” del resto de partidos.

Manuel Bonilla, del Partido Popular, reclamó “más transparencia” por parte de la Concejalía de Hacienda e hizo hincapié en los números que sustentan las arcas de la Administración local y su estado actual. “Evidentemente, la situación es mala, pero hay que ver en qué situación está ahora el Ayuntamiento y en cual la dejamos nosotros. La deuda estaba en poco más de 260 millones de euros, así que, lecciones de la izquierda al Partido Popular, ninguna”

causas

firma. Una de las causas para la nulidad del contrato sería por estar firmada por órgano incompetente, es decir, por decreto del alcalde en vez de aprobar en el pleno.

mejora. Por la justificación de la prórroga a cambio de una mejora en el servicio y cuyas razones de interés público no quedaron documentadas en el informe.

vulnerar. En tercer lugar, por vulnerar el procedimiento de licitación establecido para este tipo de concesiones en particular.