Tal y como publicó este periódico hace veintitrés años, el 3 de junio de 2003, el abogado nombrado por la Delegación de Educación y el designado por las familias del Colegio Veracruz comparecieron ante el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Dos de la capital. Este juez suspendió la semana anterior, con carácter cautelar, la comisión de conciliación que había convocado la Delegación de Educación ante lo que ésta consideraba “una ilegalidad del consejo escolar del centro, al no baremar las más de cincuenta solicitudes recibidas para las 25 plazas que oferta en primero de Primaria”.
El representante legal de las familias del Veracruz, Francisco Corazón, por su parte, advirtió de que la resolución de los dos recursos contenciosos-administrativos que interpuso el consejo escolar del centro contra la Delegación de Educación puede demorarse durante varios meses. En este primer trámite, el juez decidió si se paralizaba totalmente la comisión de conciliación o si ésta se debía celebrar. Los padres acusaban a la Delegación de “abuso de derecho”, ya que consideraban que es esta Administración la que “forzó la situación y convocó esta comisión como paso previo a la apertura de un expediente y a la imposición de una sanción al centro”, indica Corazón. Las familias encerradas aseguraban que a la Delegación no le importan “sus derechos ni sus deseos, ya que lo único que pretende es reducir los conciertos”.