Sobresaliente Cum Laude a un inspector de Educación

Es el primer inspector de Educación en Andalucía que hace una tesis doctoral en Derecho. Orgulloso y satisfecho por el resultado de “años de trabajo”, José Ureña es el autor de la investigación académica enmarcada en el título “El Régimen Disciplinario de los funcionarios públicos. Especial referencia al ámbito de la Administración educativa de Andalucía”. Presentada y defendida en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y bajo la dirección de los doctores José Luis Piñar y Alberto Díaz-Romeral, Ureña obtuvo una calificación de sobresaliente Cum Laude. Un aval de rigurosidad de la materia tratada e investigada que cuenta con el respaldo de la comunidad académica.

Con una dilatada experiencia laboral en el mundo de la docencia y una disciplina sagrada para el estudio, José Ureña indica que, entre las razones que le dirigieron hasta el tema abordado, está la de contribuir, desde la investigación, a un mayor conocimiento y profesionalización en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, concretamente en el disciplinario. “Puede ser útil a cualquier funcionario que lleve a cabo instrucción de expedientes. En especial, a los inspectores de Educación, aunque también a direcciones de centros educativos, o un docente que sea nombrado instructor”, explica.

Asimismo, el experto abunda en el principal objetivo de su tesis que tiene que ver con una compleja integración: “Conectar la instrucción con las decisiones de la Administración, la interpretación y la aplicación de las normas, las investigaciones y las sentencias de jueces y tribunales, además de la propia experiencia”. Planteamientos que llevan años rondando en la mente de Ureña. “Es un ámbito en el que llevo muchos años investigando, incluso antes de opositar a la Inspección de Educación”, dice. Creyente férreo de una justicia lo más objetiva posible y proporcionada, otro de los motivos que empujaron a Ureña en indagar sobre la materia fue el de reivindicar que los empleados públicos sirvan a los intereses generales de los ciudadanos “desde comportamientos éticos y con respeto al ordenamiento jurídico. “Es necesario que las personas sometidas a un expediente disciplinario no les sean vulnerados sus derechos y que no tengan la sensación de inseguridad jurídica”, indica el inspector, para hacer hincapié en que es necesario que la actuación administrativa no se aparte de los fines que la Constitución le marca y lo haga con “total transparencia”.