Los servicios mínimos en el transporte urbano de la ciudad de Jaén así como en la recogida de basura y limpieza ha quedado fijado en un 60 por ciento en cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad laboral. La Junta de Andalucía y el marco de servicios esenciales fijan una operatividad mínima de entre el 50 por ciento y el 60 por ciento de la flota habitual en las redes de transporte urbano de viajeros. En el caso de la capital jiennense será del 60 por ciento, tal y como se ha indicado desde el Ayuntamiento de Jaén a Europa Press. Con este porcentaje se busca garantizar una frecuencia regular mínima en las líneas que conectan con hospitales, centros de salud de referencia, polígonos industriales y las estaciones de tren y autobuses. En lo que respecta a las conexiones entre Jaén capital y municipios del área metropolitana se han establecido servicios mínimos en torno al 50 por ciento de las expediciones ordinarias, priorizando las primeras horas de la mañana. En el caso del propio Ayuntamiento, patronatos y empresas municipales, “se garantiza la atención básica a la ciudadanía” durante la jornada de huelga general. En cuanto a la recogida de residuos, que presta la concesionaria FCC, los servicios mínimos en la ciudad de Jaén han quedado fijados en el 60 por ciento, según el Ayuntamiento. También en el ámbito de la recogida de basura, Resurja --que presta el servicio en la mayoría de los municipios de la provincia jiennense-- “garantizará la prestación de los servicios esenciales en aquellos equipamientos considerados prioritarios, entre ellos centros de salud y hospitales, centros educativos, centros de personas mayores y servicios sociales, así como mercados de abastos”. “La organización de los servicios se realizará en función del seguimiento efectivo de la convocatoria. A partir de dicha situación, se establecerán las prioridades operativas necesarias para asegurar la atención de estas instalaciones y el mantenimiento de los servicios esenciales”, han indicado desde Resurja a Europa Press. Por otro lado, en los centros de salud y en los hospitales, los efectivos serán como los de un fin de semana o festivo. En los centros educativos de Primaria y Secundaria, se contempla hasta cuatro docentes en servicios mínimos, dependiendo del número de alumnos del centro.
Por su parte, el comité de huelga de Jaén —integrado por el Sindicato de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT, Ustea y CNT— ha realizado un llamamiento a la clase trabajadora, estudiantes, pensionistas y familias de la provincia para secundar “de forma masiva” la jornada de huelga general de 24 horas convocada para este miércoles, 11 de noviembre (11N). La movilización, que cuenta con el respaldo de colectivos como la Plataforma de la Sanidad de Jaén, Feministas 8M, Jaén por Palestina, la Plataforma de Pensionistas, la PAH y la Asociación de Barrios Ignorados, culminará con una manifestación provincial que partirá a las 17,30 horas desde la Plaza de Jaén por la Paz, en la capital jiennense. Bajo el lema ‘Por una vivienda digna, salarios justos y servicios públicos de calidad’, las organizaciones convocantes denuncian la “insostenible” situación socioeconómica de la provincia. Según advierte el comité en una nota informativa, Jaén registra “los salarios más bajos del país” en un contexto de escalada de precios donde el coste de la vivienda ha subido más de un 12 por ciento en el último año, frente a un incremento medio de los sueldos de apenas el tres por ciento. Esta brecha provoca que cuatro de cada diez hogares jiennenses deban destinar más del 40 por ciento de sus ingresos al pago de la vivienda. Ante la crisis de accesibilidad a la vivienda, el comité de huelga exige un cambio de rumbo estructural que interpele directamente a la patronal, al rentismo y a las administraciones públicas. Entre sus principales demandas en materia de vivienda destacan la bajada y regulación efectiva de los precios del alquiler para que ninguna unidad familiar destine más del 30 por ciento de su salario a este fin, el establecimiento de contratos de arrendamiento indefinidos y la suspensión indefinida de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional adecuada. Asimismo, reclaman la creación de un impuesto progresivo sobre grandes tenedores y fondos de inversión, la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre, el fin de los pisos turísticos en los barrios y la constitución de un gran parque de vivienda pública a precio asequible que quede permanentemente excluido del mercado privado. En el plano laboral, las organizaciones sindicales denuncian la precariedad, la temporalidad y la elevada tasa de contratos a tiempo parcial en la provincia. En este sentido, exigen un reparto justo de los beneficios empresariales —que a nivel global alcanzaron los 97.000 millones de euros en el último trimestre en un contexto de inflación cercano al cinco por ciento—, así como un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del siete por ciento para el año 2027. El paquete de reivindicaciones laborales incluye también la subida generalizada de salarios y pensiones para afrontar el coste de la vida, la aprobación definitiva del registro horario efectivo y la reducción legal de la jornada de trabajo a 30 horas semanales sin que ello conlleve una disminución del salario. Por último, la convocatoria del 11N pone el foco en el “deterioro continuado” y la “degradación sistemática” de los servicios públicos esenciales tras años de privatizaciones y externalizaciones. Los convocantes alertan del “colapso asistencial” que sufre la sanidad pública y exigen revertir estos procesos mediante un incremento de la inversión. En el ámbito educativo, censuran el desvío de fondos públicos hacia la enseñanza privada concertada y la privatización de la Formación Profesional, al tiempo que reclaman una mayor financiación para las universidades públicas, la reducción de las ratios por aula y la contratación de más personal. Finalmente, instan a acometer una inversión pública urgente en el Sistema de Dependencia para dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector de los cuidados, considerado clave ante el progresivo envejecimiento de la población de la provincia.
La Consejería de Educación ha establecido en las escuelas infantiles (ciclo que cursan los menores de 0 a 3 años) unos servicios mínimos que comprenden el director, técnicos de educación infantil —dependiendo de la cantidad de alumnos— así como un auxiliar de cocina o asistente de restauración que se encargue de la alimentación de los menores. En cuanto al número de técnicos, este dependerá de la cantidad de alumnos que tenga: con hasta 32 niños, 1 técnico; hasta 70 alumnos, 2 técnicos, hasta 100 será de 3 técnicos y a partir de 100 niños, cuatro. Además, los centros que estén sostenidos con fondos públicos y que sean de enseñanzas no universitarias, deberá tener durante la jornada un miembro del equipo directivo, más otro docente cuando cuenten con hasta 300 menores —es decir, un total de dos responsables- siempre que esto no suponga la superación del 20% del claustro del centro—. Con hasta 600 menores, será un total de tres docentes. Y cuando se supere esta cifra, tendrán que estar 4 profesores. Además, en aquellos centros que posean varias sedes, se asegurará la presencia de, al menos, un docente por cada una de ellas.
La actividad en los centros de salud que cuenten con Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el mismo horario, la atención se cubrirá con este servicio tal como se hace sábados, domingos y festivos. En el resto de centros y consultorios sin SUAP o con horarios diferentes, los servicios mínimos consistirán en un médico para atención exclusiva a urgencias durante el horario de apertura habitual del centro. Los consultorios auxiliares no contarán con servicios mínimos y funcionarán igual que durante fines de semana y festivos, por lo que los usuarios deberán acudir al centro de salud o SUAP de referencia. En los centros hospitalarios se mantendrá el 100% de la actividad propia de domingo o festivo. Además, se garantizará el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente, así como el tratamiento de pacientes sometidos a procesos que no admiten interrupción tales como radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica, diálisis, oxigenoterapia o hemodinámica. Así mismo, se garantizará la atención a pacientes que se encuentren en un ciclo de tratamiento ya iniciado de punción ovárica para la obtención de ovocitos. Respecto a la hospitalización, deber garantizarse el tratamiento pacientes hospitalizados afectados por procesos que requieren asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, sin superar el 50% de efectivos de un día laborable de 8:00 a 15:00 horas.
Asimismo, los Servicios de Urgencias Hospitalarias serán atendidos por la plantilla habitual de médicos durante un fin de semana o festivo. Además, se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de la plantilla habitual durante un fin de semana o festivo. Además de la actividad asistencial, a través del establecimiento de los servicios mínimos se garantizarán servicios de soporte indispensables como pruebas urgencias laboratorio, diagnóstico por imagen urgente, farmacia hospitalaria, sistema de información críticos, transporte sanitario imprescindible, limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería y esterilización en lo estrictamente necesario para sostener la actividad asistencial inaplazable, además de las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesarias. Además, en los servicios de Emergencias Sanitarias 061 se garantizará la cobertura íntegra de equipos móviles de emergencias, coordinación de urgencias, equipos aéreos, traslados de pacientes críticos, así como enfermería y resto de personal vinculado a dispositivos de emergencias. En los centros coordinadores, el servicio de teleoperación contará con el 90% de efectivos por turno (ampliable al 95% en situaciones de alta frecuentación o activación de planes de emergencia) y el 50 % del personal técnico. Respecto al servicio de teleoperación y centros adscritos a Salud Responde, se establecerá el 75% de la plantilla, con el objetivo de garantizar la atención al volumen de llamadas asistenciales urgentes y a la necesidad de evitar colapsos que puedan retrasar la actividad de recursos sanitarios.