¿Seguro que ese extintor funciona?

“¿Qué sabéis de extintores y de sistemas de protección contra incendios?”. La pregunta que el gerente de Cemssa Seguridad, Enrique Escobedo, lanza a los periodistas desde su oficina del número 10 de la Fuente de Don Diego, en Jaén, no es baladí. Entre otros elementos, los sensores de incendios y los extintores forman parte del “paisaje” obligado de casi cualquier edificio público, empresa o bloque de pisos. Son un elemento de seguridad indispensable. Sin embargo, Escobedo duda de que todos ellos funcionen adecuadamente en caso de emergencia. Con las “tablas” que da una dilatada trayectoria en el sector de casi tres décadas, sostiene: “En el registro integrado industrial de la provincia hay 53 empresas habilitadas. Más de 5 creo que no tienen instalaciones adecuadas”. Y ofrece otro dato: “Al menos, el 80% no reúne los requisitos necesarios para realizar los trabajos” para la instalación y el mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. Entre ellos, tener en vigor la certificación de calidad ISO 9001/2008, la acreditación de que dispone de instalaciones adecuadas a los tipos de extintores para los que se solicita la autorización como empresa mantenedora o la tenencia de seguro de responsabilidad civil con cuantía suficiente y personal cualificado con formación adecuada.

“Aunque hay una normativa para que sean empresas homologadas, aquí mantenemos la picaresca”, se queja Escobedo, que ya ha denunciado, en varias ocasiones, estas prácticas ante la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta. Asegura que, “por defectos en origen o en la instalación”, son “muchos” los edificios que, hoy por hoy, están en una situación —en su opinión— “lamentable” respecto al correcto funcionamiento de sus equipos y sistemas contra incendios. Y no solo en edificios “emblemáticos”, sino también en inmuebles especialmente “sensibles”, como residencias de ancianos, hospitales o centros educativos, por “irregularidades y prácticas fraudulentas”, como el uso de extintores caducados o falsificaciones en el retimbrado de estos equipos. “A la gente se le está cobrando un servicio que no se le presta en realidad”, sintetiza el gerente de Cemssa. Pero no culpa exclusivamente a las empresas.

“Después de homologarlas y habilitarlas para este trabajo, la Delegación tendría que hacer un trabajo de inspección y personarse en las instalaciones para verificar que cuentan con el equipamiento que han señalado y reúnen los requisitos”, apunta el empresario. Pero aquí no estarían repartidas todas las responsabilidades. El cliente también es cómplice de esta cadena de “irregularidades”.

“La gente está consintiendo que se le tome el pelo porque cada vez queremos pagar menos y, en este caso, estar confiado en que has hecho una inversión y que no funcione entraña riesgos para la seguridad”, advierte Escobedo. Por ello, como hizo en sendas cartas remitidas a la Delegación en noviembre de 2014 y, posteriormente, el 4 de marzo, pide a la Administración: “Que tome cartas en el asunto y que a las empresas que no cumplen los requisitos les pegue el ‘zapatazo”.

Le exige que, dentro de su “labor inspectora”, acuda a “todas las empresas habilitadas y compruebe que cumplen todos los requisitos, “tanto en norma, como de equipos y sistemas”, y que, además, “compruebe” que funcionan y la formación de su personal. Y que, una vez realizados estos controles “in situ”, se elabore un listado, “en el caso de que fuera necesario”, con aquellas empresas que no los reúnen y que —remarca Escobedo—: “Están constituyendo un delito de fraude, tanto al consumidor como a las empresas del sector legalmente establecidas”.

Por último, considera necesaria una figura municipal que supervise los sistemas de detección. Hoy por hoy —dice—, existe un “vacío legal” al respecto. Ninguna de estas exigencias es una minucia. Es una cuestión de “vida o muerte”.