Se produjo un error médico

Miguel Ángel Platero tomó aire y resopló con fuerza antes de contestar cuando se le preguntó que cómo se sentía: “No hay dinero en el mundo que haga que mis hijos vuelvan a tener a su madre. Sin embargo, sé que se ha hecho Justicia y que, por fin, se sabe la verdad: mi mujer no estuvo bien atendida”. Así respondió este vecino de Andújar, viudo desde el 25 de mayo de 2011, cuando su esposa, María de la Cabeza Valdivia, falleció apenas unas horas después de ser sometida a una cesárea en la que alumbró a trillizos. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Jaén le ha concedido a él y a sus hijos pequeños una indemnización de 750.000 euros. La Justicia considera que la mujer no estuvo bien atendida, que su muerte se debió a que los médicos erraron al diagnosticar una hemorragia interna que sufrió poco después de dar a luz y que, por lo tanto, se pudo haber evitado. Por eso, el juez estima que hubo un mal funcionamiento de los servicios sanitarios y condena al SAS a pagar una compensación a la familia. No se trata de una cantidad baladí. Todo lo contrario: es una de las más altas concedidas en la provincia en los últimos años en un caso de negligencia médica. Tendrá que ser asumida por la aseguradora de la Junta.

Los hechos se remontan al 24 de mayo del año 2011. María de la Cabeza Valdivia, de 30 años, tuvo que ser hospitalizada. Embarazada de trillizos, aquella tarde comenzó a sentir las molestias típicas del parto, a pesar de que solo estaba de siete meses y medio. Por ser una paciente de alto riesgo, los ginecólogos del Hospital Materno-Infantil que la trataron en Urgencias decidieron que era necesario ingresarla.

Al día siguiente, la mujer fue sometida a una cesárea y los tres bebés nacieron en perfecto estado. Sin embargo, nada más bajar de quirófano, comenzó a sentirse mal. Su estado se fue agravando con el paso de las horas hasta que falleció sobre las once de la noche. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un “shock hemorrágico”. Literalmente, se desangró. Sin embargo, ningún médico ni sanitario se percató de ello. El juez razona en su sentencia que una ecografía o un simple análisis de sangre hubiera permitido detectar la hemorragia. El magistrado se apoyo en el “contundente” informe que realizó el catedrático de Medicina Legal, Enrique Villanueva Cañada, contratado por la familia para este caso. Este experto dejó claro en el juicio, celebrado en abril, que la mujer murió como consecuencia de la pérdida de sangre. El SAS defendió en esa misma vista que el fallecimiento se debió a un edema pulmonar súbito y muy difícil de detectar.

Juan Jesús Garzón, el abogado de la familia, es consciente de que habrá recurso por parte de la Junta y de su aseguradora: “Hemos ganado una primera batalla. Habrá más. Pero ya sabemos que se ha hecho justicia”, concluyó el letrado.