La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de una menor de nueve años con la que convivía. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para él 12 años de prisión como autor de un delito continuado de abusos sexuales. Los hechos se remontan a 2023 cuando el acusado convivía con la madre de la menor, la pareja de ésta y la niña. El acusado había alquilado una habitación en la casa de la madre de la niña y llevaban ya conviviendo cuatro años cuando se interpuso la denuncia en agosto de 2023. Fue la madre la que denunció el caso tras sorprender al acusado saliendo de la habitación de la hija y encontrarla poniéndose la ropa interior. Fue en ese momento cuando la niña contó a la madre que el acusado le obligaba a hacer cosas que ella no quería. Las pruebas forenses practicadas determinaron que había restos de ADN del acusado en el interior de la vagina de la menor y en su ropa interior. La niña relató ante la Guardia Civil que no había sido la primera vez y que habían sido al menos 15 ocasiones. La declaración de la menor se ha llevado a cabo mediante prueba preconstituida. En ella, la menor se niega a volver a relatar lo que había ocurrido puesto que ya había declarado con anterioridad en la Guardia Civil.
La madre de la menor ha declarado que llegó a sospechar algo, pero que no lo aceptaba hasta que lo vio con sus propios ojos el día que lo sorprendió saliendo de la habitación de su hija. Ha afirmado que ella pensaba que todo lo que el acusado le compraba a la niña y los detalles constantes que tenía con ella era porque no tenía hijos y que la consideraba de su familia. Por su parte, el acusado, al que se le intervino un móvil en el que el 60 por ciento de las fotos eran de la menor, ha negado todas y cada una de las acusaciones. “Eso es mentira. Yo no la toqué ni la intenté tocar”, ha dicho el acusado que ha declarado el último a petición propia. Además de la pena de prisión, el Ministerio de Fiscal pide que se le imponga diez años de prohibición de comunicarse y acercarse a la menor y otros diez años más de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía ha fijado en 60.000 euros la indemnización por las consecuencias psicológicas y por el daño moral sufrido. El juicio ha quedado visto para sentencia.