Sanidad y educación, bajo la sombra de los recortes

Con las primeras lluvias del otoño pasado se recrudecieron las protestas en la sanidad pública andaluza. Tal era el escenario que hubo relevo al frente de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud. No hubo agente social que discutiera el cambio, pero tampoco que no advirtiera que el problema no estriba en un nombre, sino en un problema endémico de falta de recursos, inversión y de cambios en la gestión el complejo entramado sanitario público. Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF van de la mano en no pocas movilizaciones y reclaman, salvo matices, lo mismo. Más personal, porque faltan especialistas en la atención hospitalaria y profesionales sanitarios, enfermería singularmente, en la atención primaria. Las consecuencias, insisten, derivan en un deterioro del sistema y en la pérdida de calidad de sus prestaciones. Menor personal y más carga de trabajo, o el fenómeno siempre polémico, lacerante, y arma política arrojadiza donde las haya, de las listas de espera. Hasta el Colegio Oficial de Enfermería puso el dedo en la llaga, y el dardo en el centro de la diana, con la presentación de un estudio sobre la percepción de la profesión y de sus condiciones de trabajo en Andalucía y en cada una de sus provincias. Para ahuyentar sospechas, el estudio se dio a conocer meses después de las últimas elecciones autónomas.

Las conclusiones retratan lo que los agentes sociales repican en la calle tras las pancartas: falta de personal, poca estabilidad en el trabajo y salarios magros. Así, como ocurre con los especialistas hospitalarios, no se puede competir y se produce el éxodo obligado a otras comunidades o a otros países que demandan profesionales. La pérdida de capital humano, bien formado, como nunca, es ya considerable. Más recursos económicos para paliar la situación, pero también gestión. El secretario general del sindicato de enfermería Satse, José Jesús García, abrió el año pasado una puerta, en declaraciones a este periódico, que normalmente está cerrada a cal y canto. “No es un problema tanto de dinero, que también, sino de gestión de los recursos y el personal”, dijo en el mes de noviembre. Sus antecesores hay que buscarlos ya en la década de los años noventa, cuando médicos pertenecientes a las asociaciones en defensa de la sanidad pública sostenían que era un problema de gestión de recursos humanos empezando por los médicos y terminando por el resto del personal sanitario. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Hasta ahora ninguna administración ha entrado a fondo en ello.

La erosión del sistema es paulatina y se recrudece en el debate público entre partidos mientras los profesionales reclaman atención y que se les escuche. El informe aludido del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, provincial izado, es concluyente. Toma el pulso en primera persona al colectivo profesional más numeroso del sistema.

El panorama que dibuja el estudio es el siguiente. El 88,8% de las enfermeras (la mujeres son mayoritarias en esta profesión) perciben que están peor pagadas en Andalucía que en otras comunidades. El 74,5% que tiene menos estabilidad en el empleo. Y el 79% que aquí hay más carga de trabajo. En cuanto a las demandas de la profesión, en una escala de valor de o a 10 según el grado de importancia, a la de adecuar la ratio enfermera/paciente la nota es de 8,99; un 8,68 para la estabilidad de plantillas y un 8,88 para adecuar sus retribuciones salariales a la media nacional. La triada de reivindicaciones vuelve a repetirse en este parámetro del estudio. La situación es de tal calado que en referencia al deterioro del sistema público, el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez, fue rotundo en sus afirmaciones y puso como muestra este botón: “En la provincia han crecido exponencialmente los seguros médicos privados”.

No es ajena la educación pública a este escenario. La polémica está polarizada, en términos políticos, entre las prestaciones de servicios complementarios pero básicos (comedor o limpieza) y, según hable el nuevo Gobierno o el PSOE en la oposición, de reorganizaciones y mejoras o de recortes. Lo cierto es que faltan 51 unidades suprimidas este curso. El debate continúa.