Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude: “Aún hay problemas de enchufismo”

LA ENTREVISTA

Ricardo Puyol Sánchez, como magistrado, instruyó casos como el Malaya, entre otros muchos. Su amplia experiencia le valió para ser designado en 2021 para dirigir la recién abierta Oficina Andaluza Antifraude. El objetivo de esta institución es prevenir y detectar posibles casos de corrupción o malas prácticas, para lo que establece un canal directo con el denunciante.

—¿Cuál es la principal diferencia entre tener una Oficina Antifraude y no tenerla a la hora de denunciar?

—La primera diferencia es la fácil accesibilidad. Es decir, que esa accesibilidad en un fraude constitutivo de delito efectivamente también se tiene con la policía, con la Fiscalía, con los propios juzgados de guardia. Pero aquí sí que hay una capacidad técnica desde que implementamos el canal externo en poder interactuar con el denunciante. Cuando no es constitutivo de delito la otra vía es dirigirte directamente a los órganos correctores de la administración pública, que suelen poner más trabas, tienen un procedimiento reglado para poder dirigirte a ellos.

—En 2022 se registraron 35 denuncias, mientras que en 2023 fueron 464. ¿A qué se debe este espectacular incremento?

—Claro, aquí hay dos procesos. En primer lugar, hemos desarrollado una intensa labor informativa de la institución, y se ha ido irradiando a todos los ámbitos del sector público andaluz. Y después, en abril-mayo de 2022 ya implementamos la página web primero y después el canal externo de denuncias, que como decía anteriormente, facilita normalmente la comunicación bidireccional con la oficina. No te tienes que ir a un registro público, a que te sellen, hacerlo por escrito, es decir, que lo puedes hacer desde tu casa, lo único que necesitas es una red wifi, un acceso telemático.

—¿Cómo valora el nivel de sensibilidad en la sociedad andaluza para denunciar?

—Bueno, Andalucía no es distinta al resto de comunidades y si me apuras no es distinto al resto de territorios de la Unión Europea, es decir, que precisamente estas instituciones debían haber nacido a partir del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003. Pero, por distintas razones, esto ha sido a partir del año 2010-2015 cuando ha empezado a incrementarse. En el año 2019 se produjo un hecho muy relevante que es la promulgación de la Directiva 1987-2019 de Protección de la Persona Denunciante, que tiene como eje central de reglamentación el establecimiento de un estatuto jurídico de protección integral de la persona que denuncia. Y eso es una obligación ya de todos los estados de la Unión Europea, no es algo políticamente opcional ni discrecional, sino que ya es una obligación reglada.

—A la hora de proteger al denunciante, ¿de qué mecanismos dispone la Oficina?

—Tiene básicamente varios mecanismos. En primer lugar, un mecanismo de autoridad. Si la actividad es constitutiva de delito, desde luego derivando el caso directamente a la fiscalía, con un presunto delito de acoso. Si no llega a ese nivel, sí tenemos capacidad correctora de requerir a la administración competente para que corrija esa actuación presuntamente hostil contra el funcionario público e informarle que no se pueden incurrir en este tipo de conductas. Después tenemos funciones de asesoramiento jurídico, sobre todo a la persona denunciante. Tenemos un servicio jurídico que se dedica básicamente a informar de todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para protegerla integralmente. Y tenemos también funciones, incluso, de poder derivar el asunto a un Servicio Andaluz de Salud que promueva, favorezca o facilite si se ha producido algún tipo de desmejora psíquica en el denunciante, y poderlo incluso derivar a un servicio específico, integral, que la proteja en esa perspectiva.

—¿Qué se puede hacer en materia de prevención?

—Nosotros tenemos abiertas varias líneas de actuación preventiva. Esta es una de ellas, la de poner en conocimiento de todos los medios la existencia de la institución para promover, favorecer y facilitar que la gente haga uso de ella, y que canalice sus denuncias. Cuanto más se denuncie, estamos en posición de conocer más estructuralmente qué irregularidades se están cometiendo, en qué sectores de la Administración Pública se están cometiendo y dónde hay que hacer hincapié en los informes que tenemos que elevar al Parlamento de Andalucía para corregir, sobre todo, lo que yo considero siempre que es el caldo de cultivo en el que se desarrollan las corruptelas, que son las malas prácticas. Las malas prácticas de la Administración, muchas de ellas no son corruptas, no se cometen tampoco intencionalmente, sino que son dinámicas de actuación administrativa que se han asentado en la Administración y que, evidentemente, hay que corregir porque en algún punto incumple la normativa, por ejemplo, en materia de transparencia, en materia de integridad, en materia de buen gobierno. Ahí es donde hay que incidir. ¿Cómo se hace eso? Pues, indudablemente, anticipando la actuación de la institución. Para eso el canal de denuncias y la promoción de su uso, sin duda alguna, cumplen un papel relevante. Otra línea de actuación preventiva es la línea pedagógica. Elaboramos códigos de buenas prácticas, códigos éticos para todos los funcionarios públicos y en los que tratamos de promover es una política muy proactiva en materia de inocular la integridad pública internamente en cada funcionario y la transparencia en todos los procedimientos que, de alguna forma, tienen una proclividad natural más intensa a la comisión de irregularidades. Todos sabemos cuáles son: dónde hay dinero. La contratación pública, la selección de personal, el tratamiento del patrimonio público vía subvenciones, etcétera. Ahí es donde hay que incidir.

—En Jaén sólo se han registrado 36 denuncias, un 7% del total. ¿Símbolo de limpieza institucional o falta de transparencia?

—Yo creo que es símbolo de que todavía estamos en ese proceso de darnos a conocer. Son pocas las denuncias, pero pasa casi igual en otras tantas provincias. Para eso estoy en Jaén, para relacionarme con todas las instituciones públicas y darnos a conocer. También hay que tener en cuenta que ha sido realmente en el año 2023 cuando hemos dado el paso de incorporar todas estas actuaciones de comunicación. Así que espero que en el futuro este número se incremente.

—Entre las denuncias, un gran número pasa por personal y contrataciones. ¿Es todavía común eso de colocar “a dedo”?

—Es una pregunta muy buena, y si te soy sincero, no la sabría responder con certeza. Que hay problemas a veces de enchufismo, evidentemente los hay. Debemos introducir elementos de prevención y de anticipación al problema, que nos permitan detectar dónde se producen y aminorar su espacio de actuación. Podemos imaginar que los sitios donde hay menos controles, o los controles están más difuminados, es donde esto es más fácil que se siga produciendo. Pero afortunadamente no es, ni mucho menos, un problema grave a nivel de la comunidad autónoma. Pero sí, evidentemente, es uno de los caldos de cultivo donde se fraguan el mayor número de fraudes y corruptelas, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Y es donde hay que incidir, evidentemente.

—Si hubiera existido esta Oficina, ¿se habrían producido los ERE?

—Es difícil poder responder a priori con algo que ha sucedido. Lo que sí tengo claro es que una corrupción como la de los ERE, masiva, sistémica, sistemática, no se produce de un día para otro. Es un gran caso de corrupción porque han ido fallando todos los controles. Claro, una institución de este tipo, sin duda alguna, hubiera sido un resorte muy eficaz para poder haber detectado que no se estaban cumpliendo con los reparos que la propia intervención de la Junta de Andalucía estaba efectuando a lo que era ese panorama presupuestario. Hubiera saltado una alarma más, y no hubiera llegado a generar todas las consecuencias que finalmente han terminado generándose.