Recurso de la empresa para continuar con la explotación de la cantera

El Ayuntamiento decretó el fin de uso de la explotación

03 ene 2018 / 08:15 H.

Mediante una notificación municipal, fechada el pasado 6 de noviembre, la empresa que gestiona las canteras de La Quebrada y La Imora conoció que, desde el pasado 31 de diciembre, no tenía permiso municipal para ocupar estas fincas, las dos propiedad del Ayuntamiento. Se decretaba el fin de la prórroga de explotación, lo que, en definitiva, supone el cese de la actividad. En primera instancia, la propiedad presentó un recurso contra la decisión de la Administración local, que esta desestimó, y, ante este revés para sus intereses, el empresario José Ángel Mesa, director facultativo de la mina a cielo abierto, confirma que el dictamen municipal ya está recurrido, por la vía de lo Contencioso-Administrativo. El representante de la mercantil obra así convencido de que la Justicia, finalmente, le dará la razón a esta sociedad, de carácter familiar.

Insiste en que no hay motivo alguno para los pasos dados por la Junta de Andalucía para lograr el cierre y tampoco entiende la postura del Ayuntamiento, por lo que, en definitiva, considera que la empresa, en sus palabras, “está siendo vilipendiada”. Mientras se resuelven las cuestiones legales, sostiene, la actividad en la cantera está paralizada, como ocurre, precisa, desde hace medio año. El trabajo se limita a revisar las medidas de seguridad para evitar que alguien acceda y sufra un percance.

José Ángel Mesa, que es secretario de la Asociación Provincial de Canteras y Graveras y de la Federación de Constructores de Jaén, está convencido de que, ocurra lo que ocurra, no hay una decisión de los tribunales definitiva sobre la explotación hasta dentro de, como mínimo, un año, aunque puede ser más todavía. La cantera se legalizó como concesión minera, en 1981, por un plazo de tres décadas, prorrogable en dos ocasiones más, es decir, hasta los noventa años, que es el tiempo máximo que establece la actual Ley de Minas. En un primer momento, se convirtió en proveedora exclusiva de la Azucarera de Linares, gracias al carbonato cálcico que contiene la piedra y, tras una etapa de escasa actividad, en 2012 se consiguió la primera prórroga en Fuente de la Peña, por lo que la concesión, tal y como apuntó en anteriores declaraciones a este periódico, tenía como vigencia prevista hasta 2042.

Un contrato de arrendamiento que data de 1972 y prórrogas posteriores

La explotación de la cantera deriva de un contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de

1972. La Administración autonómica otorgó una concesión por 30 años, que se prorrogó,

en junio de 2012, por otros 30. Ante esta actividad, colectivos alertan de que el cerro forma parte de un ecosistema montañoso que está protegido

por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén por su alto valor ecológico, donde se encuentran dos acuíferos

muy importantes. Los críticos con la explotación de este yacimiento

reclaman que, mientras se constata si cumple o no con la legalidad, se paralice de forma preventiva la actividad de la cantera y se frenen así posible “daños irreparables” al entorno. El empresario que explota la cantera, por su parte, asegura que su actividad cuenta con todas las garantías legales y está perfectamente autorizada para extraer roca ornamental. Defiende que con este negocio se genera actividad, sin causar

daños al entorno. Cuando todavía no se había generado la actual controversia, un accidente laboral, el 12 de enero de 2017, centró todas las miradas en la cantera.

De hecho, algunos vecinos

se percataron de esta

forma de que se había retomado

la actividad en el yacimiento situado en el frecuentado paraje de

Fuente de la Peña. Días después, los pasados 24 y 25 de enero de 2017, respectivamente, Ecologistas en Acción e Iniciativas, andamios para las ideas denunciaron la actividad de la cantera. La Fiscalía trata de determinar si hay indicios de delito y para ello solicitó una prolija documentación a todas las partes implicadas, tanto al Ayuntamiento como a distintas áreas de la Administración autonómica, con la idea de conocer con detalle si la actividad de ajusta a la ley.

claves

Fallecido. Hace un año, un accidente mortal en la cantera de la carretera de Los Villares centró todas las miradas en la explotación y reabrió el debate sobre la conveniencia de esta actividad en un paraje de alto valor ecológico.

Rechazo. Una suma de colectivos ciudadanos se opone a la actividad extractiva e, incluso, se organizaron marchas y protestas que visibilizaron el malestar de una parte de los jiennenses con la existencia de la mina a cielo abierto.

defensa. La empresa que explota la mina deja claro que cuenta con todas las autorizaciones legales para la actividad y que los trabajos se hacen mediante técnicas modernas, que evitan el uso de explosivos y otros métodos más dañinos para el entorno.

polémica. La cantera es la enésima arma arrojadiza que se lanzan el Ayuntamiento, en manos del PP, y la Junta, que gobiernan los socialistas, para criticarse mutuamente.