Queja contra Cultura por un supuesto abuso de autoridad

Un año después de la denuncia que acabó dejando “in albis” la urbanización de restos arqueológicos en un solar de la calle Cataluña, el proceso sigue generando escritos de quejas, reclamaciones y hasta el Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a poner su foco sobre lo que sí se hizo: “La sepultura de un Bien de Interés Cultural en beneficio de promotores urbanísticos”, como sostiene el vecino que emprendió esta batalla judicial, Juan Manuel Molina Valdés.

El último paso que ha dado este jiennense, propietario de un piso del residencial Bulevar Jardín, ha sido la interposición de una queja en la Delegación de Cultura solicitando que se abra un expediente de oficio ante un presunto caso de “abuso de autoridad y prevaricación” por parte de la “autoridad” de esta área de la Junta de Andalucía y, en concreto, contra su delegada territorial, Pilar Salazar, “por ignorar los derechos ciudadanos de un afectado por una resolución de su Administración”.

La reclamación de Molina Valdés es la respuesta al escrito que recibió, el pasado día 3, por parte de la Delegación a sus insistentes quejas. En primer lugar, denuncia que el secretario general provincial de Cultura no alude al objeto de la queja y resuelve “sin dar tramite de audiencia a un afectado por una resolución suya cuando ha demostrado ser afectado”. Critica también que no se le comunicara si se ha iniciado expediente, notificándole igualmente el nombramiento de instructor y acusa a la Delegación de “cerrar sin más trámite unas denuncias y recursos de alzada y revisión de oficio, sin comunicar al interesado las vías a las que tiene derecho por ser lindero de este BIC”, y añade: “Por haber autorizado Cultura obras sobre mi cochera y trastero sin mi autorización, como son las de evacuación de aguas friáticas y pluviales”.

Asimismo, culpa a la Delegación de “ignorar denuncias sobre contaminación y urbanización de un Bien de Interés Cultural, que fue declarado protegido en 2003 y que, casualmente —prosigue Molina Valdés—, no aparece en el catálogo BIC del PGOU de Jaén”. Como consecuencia, señala: “Me hace a mí responsable solidario de las obras, sin ser propietario del BIC”.

Sobre el proceder del secretario general de Cultura, Molina Valdés insiste en que “no responde en su escrito al objeto de la queja que es el trato ignorando el derecho del un ciudadano afectado”, y que ”deriva una queja contra el proceder dudoso de la Delegación de Cultura en materia de derechos ciudadanos, a una Administración local [el Ayuntamiento] competente en materia de Urbanismo, pero ajena al objeto de la queja”.

Para este ciudadano, existe un proceder dudoso de la autoridad competente. De ahí, la queja.