Protección del funcionariado que denuncia la corrupción

La transparencia y la regeneración tienen que primar en esta nueva etapa política de Andalucía”. Así defendió Raquel Morales, delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la importancia de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia. Nuria Gómez, al frente de la institución, visitó la capital para trasladar los avances en materia de lucha contra el fraude y la corrupción política en una reunión que se celebró en la Delegación Territorial. Se trata de una herramienta para los trabajadores públicos de la Junta de Andalucía o cualquier persona con relación jurídica o contractual con la Junta que podrán facilitar la información relativa a posibles casos de fraude o corrupción “sin temor a nada”, según explicó Morales, pues es un medio por el que los datos de la persona quedan “totalmente protegidos”. “Pensamos en la regeneración democrática como uno de los pilares de la nueva Junta”, subrayó la delegada Raquel Morales.

Nuria Gómez, secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, explicó que la estructura de la oficina estará también formada por funcionariado de otras administraciones, con un profesional en la materia al frente o, en su lugar, un funcionario con experiencia mínima de 10 años. Actualmente se ha tramitado el anteproyecto que, según Gómez, esperan que esté listo para principios de 2020, en concreto, para el primer semestre. A partir de ahí pasará a trámite parlamentario, para su creación formal.

De esta forma, el objetivo es “complementar la denuncia del funcionario, a través de la protección del empleado público al que, además, se le da una cobertura no solo a nivel jurídico, sino también psicológico y económico, si fuera necesario, así como el cambio de puesto o ubicación con la idea de velar por su seguridad. Además de la elaboración del anteproyecto ley de protección del denunciante y la oficina anticorrupción, también se realizará un control para evitar, en la medida de lo posible, las denuncias falsas. Según Gómez, pueden ser utilizadas para el “juego político”, por lo que desde el principio se busca dotar de una estructura “firme” para controlar los casos presentados y no frenar los casos que se investiguen, que complementan a la denuncia judicial.