Paso determinante para que el derecho al aborto sea realidad en Jaén

Andalucía contará con un registro de profesionales sanitarios que quieran objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Para regularlo, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ya redacta un proyecto de orden que estuvo en consulta pública pa-ra recabar las aportaciones de organizaciones y entidades afectadas.

El registro asegurará una gestión adecuada de los recursos humanos, permitirá garantizar la prestación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y es, además, el paso determinante para que las mujeres jiennenses puedan ejercer su derecho al aborto en la provincia de Jaén, algo que no ocurre desde hace casi quince años.

Según los últimos datos disponibles en la web del Ministerio de Sanidad, en Andalucía interrumpieron su embarazo 19.474 mujeres durante el año 2023. Fue la segunda comunidad con más casos, por detrás de Cataluña, con 21.175, y por delante de Madrid, con 17.870. Por provincias, en Sevilla se registraron 4.960; en Málaga, 4.391; en Cádiz, 2.592; en Almería, 2.045; en Granada, 1.882; en Huelva, 1.548 en Córdoba, 1.268, y en Jaén, 798. Hasta ahora, las jiennenses eran derivadas a clínicas autorizadas en otras provincias, pero eso parece estar cerca de terminar gracias a la nueva normativa estatal, de la que se deriva la necesidad de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante el aborto, que revertirá tanto a efectos organizativos como para una adecuada gestión de la prestación.

El pasado 13 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el protocolo específico que incluye las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este tipo de registros. En ellos, solo se incluirá al personal que interviene directamente en la IVE, el caso de los médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Medicina Familiar y Comunitaria, enfermeras y matronas.

El acceso al registro estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para la IVE y los datos no se compartirán entre comunidades. Se podrá objetar de manera total o parcial. En el primer supuesto, el profesional se opone a participar en cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de las circunstancias. En la parcial, el trabajador sanitario se opone a participar en la IVE en algunos de los supuestos recogidos en la Ley.