“Pagaré el daño hecho a Cáritas, pero no esa cantidad”

Francisco Luis S. A., el que fuera tesorero de Cáritas Interparroquial de Úbeda entre 2001 y 2017, agachó la cabeza y se metió las manos en los bolsillos. Francisco G. L., su jefe en la empresa de zapatos en la que trabajaba, adoptó una pose similar. Ambos esperaban a las puertas de la sala de vistas de la Audiencia, donde fueron juzgados por apropiación indebida. Ante el tribunal, los dos reconocieron que saquearon las cuentas de la institución benéfica y que destinaron el dinero para los gastos de la mercantil (nóminas y pago a proveedores). Sin embargo, el extesorero solo admitió que cogió 1371.24 euros y no los 233.634 que recoge la auditoría externa encargada por Cáritas en su día y que puso al descubierto este caso: “Tengo voluntad de reponer el daño a Cáritas, pero no en esa cantidad”, dijo Francisco Luis S. A. a los magistrados de la Sección Segunda. Señaló estar muy arrepentido y querer devolver el dinero robado.

Esa diferencia de algo más de 96.000 euros entre los que el extesorero reconoce haberse llevado y lo que mantiene la institución benéfica es lo que impidió cerrar un acuerdo entre las partes y una sentencia de conformidad. Francisco Luis S. A. trató de explicar su discrepancia con las cifras. Aclaró que no se llevaba una contabilidad cuando él ejercía como tesorero, porque nadie se la exigía. “No tengo factura de muchos de los gastos que teníamos porque no se pedían y solo teníamos notas o albaranes. Todo está justificado. Otra cosa es que sirva o no como justificación”, aseguró el extesorero.

En un tenso interrogatorio, el abogado que defiende a Cáritas le cuestionó por determinadas partidas como los 8.000 euros que pagó como media al año a los panaderos que servían el pan al comedor social para inmigrantes: “Es una cantidad desorbitada, sobre todo porque ahora se están pagando unos 2.000 euros de media”, le expuso el letrado.

El jefe de Francisco Luis S. A., el empresario ubetense Francisco G. L., también reconoció los hechos que se le imputan. Es decir, que conocía que su empleado estaba cogiendo dinero de las cuentas de Cáritas para hacer frente al pago de proveedores y de las nóminas. Dijo que tenía “fe ciega” en su subordinado, ya que era su hombre de confianza.

El desfalco, ya admitido por los dos acusados, se descubrió gracias a una auditoría encargada por la institución en el año 2017. El director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael López-Sidro, que declaró como testigo, dijo que se evaluaron las cuentas de las nueve interparroquiales de la provincia y que Úbeda fue la única en la que se detectaron problemas: “Después de mucho pedir la documentación y de intentar buscar una solución, no hubo manera”, aseguró. “Lamentablemente, hay gastos que no tienen sustento jurídico alguno y Cáritas no puede aceptarlos como veraces”, agregó López-Sidro para explicar los motivos por los que la institución benéfica sigue reclamando 233.634 euros a su extesorero de Úbeda.

En vista del reconocimiento de hechos de los procesados, la Fiscalía rebajó su petición de condena para los dos acusados de cuatro a dos años de prisión. El Ministerio Público solicita que sea el tribunal el que concrete la discrepancia de cifras y qué cantidad es la que deben devolver a Cáritas. Las defensas solicitan el mismo castigo, si bien cifran la indemnización de 137.124 euros. Por su parte, la institución benéfica, que ejerce la acusación particular, reclama cinco años de cárcel y 237.000 euros de compensación. El juicio quedó visto para sentencia. “Estoy dispuesto a devolver el dinero, pero no la cantidad que me reclaman”, concluyó Francisco Luis S. A.