Ofensiva en los tribunales para reabrir la cantera

La empresa solicita al Juzgado que anule la decisión de la Junta

03 ago 2017 / 10:30 H.

La Junta de Andalucía paralizó la actividad de la cantera de la Fuente de la Peña el pasado 27 de junio. En poco más de un mes, la empresa titular de la concesión ha puesto en marcha una ofensiva en los tribunales para tratar de reabrir esta instalación y recuperar la extracción de piedra en el paraje de La Quebrada. Según ha podido saber Diario JAÉN, la sociedad acaba de presentar un recurso en los Juzgados de lo Contencioso contra la decisión de la Administración autonómica. El objetivo es anular la resolución de la dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en la que se decretaba la caducidad de la concesión y, por lo tanto, se retiraba la licencia para la realización de la actividad minera. Ahora, será un juez el que tenga que adoptar una decisión al respecto en un pleito que se prevé largo y complejo.

Por ello, la empresa explotadora de la cantera —distinta a la que tiene la propiedad— ha decidido retirar toda la maquinaria, un proceso que se ha culminado en los últimos días y que ha supuesto un importante desembolso económico para la mercantil. Por lo tanto, y como no podía ser de otro modo, la cantera de Fuente de la Peña permanece cerrada a cal y canto. Ambas empresas siempre han defendido la legalidad de su actividad y el cumplimiento exhaustivo de las normas. Ahora, tratan de demostrarlo en los tribunales. Hay que recordar que la Junta de Andalucía incoó el expediente de caducidad el pasado mes de febrero. Un expediente que se resolvió el pasado 27 de junio con un informe de la Dirección General de Industria y Minas en el que se decretaba la paralización de toda la actividad. Según la Administración Autonómica, en la explotación de la Fuente de la Peña se realizaron trabajos no incluidos en el Plan de Labores. Además, determinados trabajos sobrepasaron el área incluida en el proyecto de restauración. Por ello, la Consejería decretó la paralización de la actividad, al entender que no se estaban cumpliendo los requisitos recogidos en la concesión.

Sin embargo, la empresa titular de la explotación entiende todo lo contrario y, por ello, está dispuesta a plantar batalla en los tribunales de Justicia. En principio, tenía la posibilidad de recurrir la medida de la Junta en vía administrativa, es decir, ante la propia Consejería. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que se ha desechado esta opción, porque supondría alargar el proceso con escasas posibilidades de éxito. La vía elegida ha sido la que conduce directamente al Juzgado, para que sea un juez de lo Contencioso el que tome una decisión.

Las fuentes consultadas explican que el recurso judicial fue presentado a principios de esta semana. El objetivo principal es anular la decisión de la Junta de anular la licencia de explotación de la cantera. En principio, no se ha pedido a la Justicia medida cautelar alguna, como, por ejemplo, la reapertura provisional del yacimiento minero.

La paralización de la actividad fue muy celebrada por numerosos colectivos ciudadanos y ecologistas. De hecho, en los meses previos, se celebraron varios actos como concentraciones y marchas en las que se reclamaban el cierre de la cantera de Fuente de la Peña. El yacimiento lleva más de cuatro décadas explotándose comercialmente. La empresa que estaba actualmente trabajando la zona siempre ha defendido la legalidad y la existencia de todos los permisos pertinentes.

La Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación penal

Al margen de todo el procedimiento administrativo que dio lugar a la paralización de la actividad de la Fuente de la Peña el pasado 27 de junio, la Fiscalía Provincial mantiene abiertas unas diligencias de investigación penal. El Ministerio Público trata de aclarar si se han podido cometer delitos contra el patrimonio histórico, contra la ordenación del territorio y contra la integridad y seguridad de las personas, tal y como denunció a principios de este año la Asociación “Iniciativas, andamios para las ideas”. La fiscal encargada del caso solicitó diversa documentación a las distintas administraciones implicadas y solicitó varios informes al Seprona de la Guardia Civil y a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, que tiene las competencias para la investigación de estos supuestos delitos medioambientales. En principio, las diligencias abiertas debían haberse concluido el pasado 25 de julio. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado concedió una prórroga de seis meses más. El objetivo es seguir realizando más pesquisas, encaminadas a recabar documentación del Ayuntamiento y de diversas áreas de la Junta, entre ellas Medio Ambiente; Cultura; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.