Malestar por la parálisis en la regularización de viviendas

Estamos como hace 30 años. No avanza”. Esta es la visión pesimista que comparten los vecinos de Los Puentes sobre un proceso de regularización de viviendas que está en “stand by”. En suspenso. Pendiente de que se solvente antes una ristra de “problemas” entre los que destacan los que afrontan las 111 edificaciones que se encuentran, total o parcialmente, en el dominio público hidráulico —esto es, en los cauces de los ríos— o los que tienen que resolver los residentes cuyas viviendas carecen todavía de agua potable (unas 250 casas) o de sistemas para la depuración de las aguas residuales. “Lo del agua potable hay algún vecino que lo está intentado, pero nosotros ya nos reunimos en su día con Aqualia y nos dijeron que lo más adecuado era que se hiciera un proyecto y, en función de eso, ver el presupuesto”, apunta el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes, Alberto Castro, que se hace eco del cansancio que, a estas alturas, embarga a los vecinos.

“Nos llevan de un lado a otro. El alcalde [Javier Márquez] dice que es un problema de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir [en cuanto le traslada la responsabilidad de determinar qué viviendas de las construidas en dominio público deben ser demolidas] y la Confederación que es del Ayuntamiento. Y es un cachondeo”, observa Castro, que considera que la solución a tanto entuerto pasa por que la nueva subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, convoque la mesa de seguimiento del Protocolo de Los Puentes. “Ahí están representadas todas las autoridades competentes, desde el Ayuntamiento, a la Subdelegación y la Confederación”, indica el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal, que considera que ese sería el foro idóneo para “sacarles compromisos”. Promesas, por otro lado, que se remontan diez años en el tiempo en algunos casos y que están recogidas en el protocolo. Un documento que —subraya Castro— “está claro. Habla de las responsabilidades de cada Administración, de los porcentajes que tiene que financiar y la Junta, en su norma, expone claramente los requisitos para regularizar”.

En la redacción del protocolo al que alude el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal, que agrupa a las asociaciones del Puente de la Sierra, Puente Jontoya, Puente Tablas y Puente Nuevo, participaron el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Su objetivo era paliar las trágicas inundaciones que, años atrás, se habían registrado en la zona. Y, para conseguirlo, se contemplaban medidas, como el deslinde del dominio público hidráulico, que quedó inconcluso; la ordenación del territorio y la polémica construcción de una presa de laminación en el río Eliche a la que el Estado renunció, por su elevado coste y las consecuencias sobre la biodiversidad del paraje. Pero que lo hiciera el Ministerio de Medio Ambiente no significa que los vecinos renuncien a ella. El deseo de la Unidad de Gestión Vecinal es que el protocolo “se haga cumplir al pie de la letra”. Y —como en su momento señaló Castro a este periódico— no renunciarán a la presa de laminación mientras no se les ofrezca una alternativa. “El proyecto de encauzamiento podría servir, pero solo no basta”, apuntó Castro entonces.

Aunque los vecinos reconocen que la construcción de escolleras que la Confederación Hidrográfica ha construido en la zona en los últimos años ha contenido las avenidas de agua, consideran que no son suficientes contra las inundaciones.