Los residuos locales irán al vertedero de la Diputación

Mientras que, en el colmatado vertedero municipal, persisten las filtraciones contaminantes a las aguas, ya hay una medida que está clara para el equipo de Gobierno local y es el próximo desvío de los residuos que genera la capital al basurero comarcal. Así aparece reflejado en el pliego de condiciones que está pendiente de una eternizada licitación y así está también acordado con la Diputación a falta —señaló a este periódico el edil de Personal, Miguel Contreras— de que se realicen todos los trámites administrativos necesarios para formalizar la encomienda de gestión de este servicio a favor de la Administración provincial. No obstante, según Contreras: “Aún tenemos cuatro o cinco meses y los próximos plazos y pasos habrá que hablarlos entre la Diputación y el Ayuntamiento”.

Aunque el edil evitó adelantar fechas a la licitación de un servicio que lleva más de tres años sin contrato y —según la oposición socialista— generando sobrecostes diarios de 24.000 euros, descartó que el uso del vertedero comarcal tenga que estar vinculado a la adjudicación futura de esta prestación. “Por nuestra parte, no”, respondió, escuetamente, a la pregunta de este periódico.

Con la utilización del vertedero comarcal, el Ayuntamiento mata dos pájaros de un tiro. En primer lugar, se pone fin a un problema medioambiental tipificado de “grave” por los servicios de la Delegación de Medio Ambiente y también por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: la afección de las aguas subterráneas y superficiales por sustancias peligrosas como arsénico, mercurio, cianuro, cromo, cobre, níquel o plomo. Y, en segundo lugar, significa un ahorro para las arcas municipales sobre los costes actuales del servicio que está cuantificado en unos 700.000 euros al año.

entendimiento. Los visos de un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento se evidenciaron en la reunión que la vicepresidenta primera, Pilar Parra, y el edil de Personal mantuvieron el pasado 26 de octubre, tal y como recogió este periódico. En ella, y a pesar de que se trata de una encomienda de gestión “compleja y que no está exenta de riesgos”, Parra volvió a tender la mano de la Administración provincial al Ayuntamiento para resolver el “problema grave inminente” al que se enfrenta la ciudad. No obstante, más allá del “talante de colaboración”, existen cuestiones económicas que deben garantizarse, como la aportación que ha de realizar el Ayuntamiento para no poner en riesgo la prestación de un servicio que, hoy por hoy, da cobertura a 220.000 personas y que necesita una ampliación de las instalaciones para poder recibir el 60% más de residuos que supondrá la adhesión de la capital.