Uno de los buques insignia del turismo jiennense es el Castillo de Santa Catalina, tres fortalezas en una que presume de alcazaba de origen califal. Es uno de los mejor conservados de España, el monumento más visitado de la capital y, sin embargo, cada vez está más escondido entre la vegetación. Los pinos crecen en torno a la muralla y, aunque no es algo nuevo, hay ciudadanos preocupados por el patrimonio que hacen un llamamiento a las administraciones públicas para que tomen cartas en el asunto.
Hay dos obstáculos importantes que impiden una solución ágil. Por un lado, el medioambiental, porque eliminar la arboleda en medio de un monte público no es cuestión de coser y cantar. El otro tiene que ver con las competencias, con cruce garantizado entre el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía, regidas, además, por diferente signos políticos. Las fuentes consultadas aseguran que son en torno a ocho árboles los que hay que talar para que el Castillo de Santa Catalina se pueda ver desde cualquier lugar de la ciudad, incluso del extrarradio. La replantación de los pinos que restan visión en la línea de madroños, en el parque periurbano azotado este invierno por los temporales, es una de las propuestas que hay encima de la mesa de los técnicos encargados de los proyectos de sostenibilidad. Sin embargo, hay que poner de acuerdo a las dos instituciones que tienen visiones diferente acerca de un mismo asunto: la que es propietaria —el Ayuntamiento— y la que tiene la sartén de la gestión cogida por el mango —la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía—.
El lunes pasado se celebró una reunión entre el concejal de Medio Ambiente, José María Cano, y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, María José Lara. El objetivo era, precisamente, abordar la situación del monte público del término municipal y avanzar en una solución a distintas cuestiones pendientes relacionadas con su gestión, entre ellas, el Castillo de Santa Catalina. Durante la reunión, ambas administraciones abordaron la necesidad de actualizar el consorcio que regula y delimita las competencias al respecto, un acuerdo que se remonta a 1944 y que, según pusieron de manifiesto en un comunicado, quedó completamente desfasado. El actual documento no define con suficiente claridad la delimitación de las zonas de actuación ni las responsabilidades que corresponden a cada una de las administraciones, por lo que ambas partes coincidieron en la conveniencia de elaborar un nuevo texto adaptado a la realidad actual.
Así la Delegada Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha comprometido a remitir al Ayuntamiento un borrador de un nuevo convenio que será estudiado por los servicios municipales como punto de partida para iniciar un proceso de trabajo conjunto. Mientras tanto, no se ponen de acuerdo para buscar una solución.