Los empresarios acusados de quedarse con una ayuda pública dicen que les falló el socio inversor

Los dos empresarios, padre e hijo, acusados de fraude de subvenciones públicas tras apropiarse, según recoge el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, de una ayuda pública de medio millón de euros concedida a una empresa de Alcalá la Real (Jaén) han dicho que el proyecto de fabricación de coches de lujo no salió adelante porque el socio inversor no cumplió con su parte.

Un tercer acusado, M.A.V.D., también se ha sentado en el banquillo, pero ha reconocido los hechos de los que le viene acusando el Ministerio Fiscal y ha rechazado responder a las preguntas de la defensa de los otros dos acusados. En concreto, desde Fiscalía se le acusa de fraude de subvenciones públicas y de alzamiento de bienes.

El principal acusado J.I.H.S. ha declarado ante el tribunal que le ha juzgado este miércoles en la Audiencia de Jaén, que pidió la ayuda porque contaba con un socio inversor que se comprometió a facilitar los terrenos en Alcalá la Real y a invertir cuatro millones de euros en el proyecto.

Sin embargo, el socio inversor no cumplió con su parte y finalmente se optó por vender la empresa a la firma de la que es responsable el tercer acusado.

Ha explicado que pagó 336.525 euros a la empresa de su padre porque había sido la encargada de realizar y desarrollar el prototipo del vehículo de lujo que se iba a fabricar en Alcalá la Real y que nunca salió adelante. "La idea era poder fabricar entre 300 y 500 vehículos al año", aunque el único dinero se contó realmente fue la ayuda en forma de préstamo que le dio el Ministerio y que, entre otras condiciones, estaba la creación de 18 puestos de trabajo.

Por su parte, el padre del acusado ha señalado que la empresa de su hijo "nunca estuvo en funcionamiento" porque al final no contó con los recursos del socio inversor. En relación al socio inversor ha señalado que "todo se fue al garete porque no era un tío responsable y no dio la cara".

Ha añadido que su empresa, ubicada en Granada y dedicada a la fabricación de coches de lujo, sí que realizó el proyecto del prototipo y por eso cobró los más de 336.000 euros. "Hemos hecho un proyecto que vale tres veces más de lo que hemos cobrado", ha indicado J.H.G.

Según Fiscalía, dicha ayuda concedida en forma de préstamo "no se destinó al fin para el que había sido solicitada y que era la puesta en marcha de una fábrica de coches de lujo".

Los hechos en cuestión, según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, se remontan al 30 de junio de 2011 "cuando el acusado J.I.H.S., como administrador único de la mercantil Automóviles Singulares S.L., obtuvo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la cantidad de 500.000 euros. Dicha cantidad obedecía a "una ayuda concedida en un plan de reindustrialización consistente en un préstamo sin interés a devolver en diez años".

El dinero estaba destinado a "llevar a cabo el proyecto de industrialización de procesos productivos de vehículos singulares", o lo que es lo mismo, la fabricación de vehículos de lujo.

Como toda ayuda pública, el dinero estaba condicionado al cumplimiento de los objetivos fijados por la propia administración y de los que, según hace constar el Ministerio Fiscal, era "conocedor" J.I.H.S.

El 7 de junio de 2012, al advertir la Administración de que el dinero no se estaba destinando a la finalidad autorizada, se requiere a J.I.J.S. para que justifique el uso del dinero. Finalmente, en mayo de 2013, el Ministerio ordena la devolución al Tesoro Público de la cantidad prestada más 45.479 euros en concepto de intereses al "incumplirse por el acusado las condiciones de la financiación".

Asimismo, recoge Fiscalía, que "pese a los esfuerzos de la Administración en lograr la devolución de las cantidades indicadas, ha resultado imposible al descapitalizar la empresa el acusado". Añade que el acusado "no tuvo intención alguna de destinar el dinero prestado al fin autorizado.

De hecho, transfirió a la empresa de su propio padre y también acusado en esta causa, J.H.G., 336.525 euros. Lo hizo, según el fiscal, sabiendo su padre "de los fines espurios" de la operación" porque "tal cantidad no obedecía a prestación real alguna, si bien la citada mercantil emitió factura simulando que se había realizado un trabajo para la mercantil del acusado J.I.H.S.".

Con la misma finalidad, el acusado transfirió 150.225 euros a una empresa de catering de la que es responsable el tercer acusado con la finalidad de contribuir a descapitalizar la empresa. El resto del dinero hasta los 500.000 euros "se lo quedó el propio acusado J.I.H.S. que lo retiró por ventanilla".

El Ministerio Fiscal concluye que además de no cumplirse con los términos de la ayuda pública recibida y "cuando la administración intentó recuperar el dinero, los acusados puestos igualmente de acuerdo burlaron el acreedor que no ha conseguido la devolución de cantidad alguna".

Los hechos han sido calificados inicialmente por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de fraude de subvención o ayudas y un delito de alzamiento de bienes. De estos dos delitos es responsable J.I.H.S., mientras que su padre lo es, según Fiscalía, como cooperador necesario.

Por los delitos, el Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión para cada uno de los dos acusados, multas de un millón de euros también para cada uno de ellos, otra multa de 4.800 euros, y la devolución del medio millón de euros de la ayuda, más los intereses correspondientes. Para el tercer acusado, que ha reconocido los hechos en el juicio, le pide dos años de cárcel, 1.080 euros de multa y la devolución del medio millón de euros.