Los cursos de formación, otra vez en el banquillo

Dos empresarios de Cazorla se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la audiencia por delitos de apropiación indebida y estafa. Enfrente tuvieron a la Fiscalía y la Junta de Andalucía, que piden para cada uno de ellos una pena de dos años y medio de cárcel. Su caso es uno de los derivados de la operación “EDÚ”, contra el supuesto fraude en los cursos de formación. Presuntamente, ambos inflaron e inventaron facturas para justificar los 93.004 euros que recibieron para hacer un curso de peluquerías para desempleados en el año 2011. Las acusaciones sostienen que cargaron gastos como el alquiler del local, a pesar de que era de su propiedad y, además, hacerlo con dos meses —enero y diciembre— en los que el curso ya no se estaba impartiendo. Además, también presentaron facturas por el alquiler de 15 ordenadores que las alumnas nunca vieron en la academia o por trabajos de fontanería o de reparación de mobiliario en el local que no constan como realizados. La Junta de Andalucía también asegura que algunas de las participantes en el curso se graduaron sin apenas haber ido a clase y que era una práctica habitual que algunas alumnas firmaron a otras los partes de asistencia. “A mi el curso me sirvió de poco”, dijo, literalmente, una de las aspirantes a formarse como peluquera.

Los dos procesados negaron todas estas irregularidades. Explicaron que su centro cuenta con la homologación y todos los permisos necesarios. La acusada J. N. Z. aclaró al tribunal de la Sección que ella se dedicaba personalmente a impartir la formación teórica y práctica. Al hilo, rechazó haber cometido cualquier ilegalidad y aseguró que todos “los papeles” se los llevaba una gestoría: “Yo le enviaba las facturas que iban saliendo”, añadió. Por su parte, su compañero en el banquillo, R. C. B., aseguró: “Todos los requisitos que pidió la Junta para poder impartir el curso estaban allí”.

Cuando le preguntaron por los 15 ordenadores, el empresario explicó que los alquilaron y que estuvieron en la sede de la academia, si bien, finalmente, no fueron utilizados por las alumnas. Con respecto a otras facturas sospechosas, el acusado también dio una explicación. Especificó que tuvieron que hacer muchos pedidos por adelantado para poder iniciar el curso, pero que sus proveedores acudieron a cobrar mucho después: “Al principio, no teníamos dinero”, dijo. Así, puso de ejemplo los 800 botes de champú que pagaron cuando la formación estaba a punto de concluir, pero que habían sido utilizados durante todo el curso.

Inicialmente, la Fiscalía solicitó una condena de dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 4.800 euros para cada uno de los dos acusados. Se les imputa un delito de estafa. La defensa de los procesados niega todos los cargos y asegura que todos los gastos que es imputaron estaban en las bases de la convocatoria de la subvención y que, además, fueron debidamente justificados. El juicio quedó visto para sentencia.