Los condenados por el caso Primayor no irán a la cárcel
Ambos admiten que saquearon una cuenta con el dinero de sus compañeros
Los dos sindicalistas de la antigua Primayor condenados por saquear una cuenta bancaria con el dinero de sus compañeros no irán a la cárcel. Manuel L. B., el que fuera presidente del comité de empresa de la antigua cárnica, y José Luis C. M. admitieron ante los magistrados de la Audiencia que falsearon varias firmas para poder cobrar 52 cheques al portador desde febrero de 2010 hasta julio de 2015. Según los exempleados, se apoderaron de 102.754 euros. Ambos se reconocieron autores de un delito de falsedad en documento mercantil en relación con un delito de estafa. “He admitido los hechos desde el principio”, aclaró Manuel L. B. al tribunal. Su castigo será de un año y nueve meses de cárcel, ya que a la atenuante de confesión se le une la de reparación parcial del daño. Ha vendido su casa y ha pedido dos préstamos personales para devolver 61.000 del dinero que se llevó. Por su parte, su compañero de banquillo admitió ayer su culpa por primera vez. Él ha reintegrado los 8.932 euros que se metió en el bolsillo de forma ilegal. Su condena es de un año y seis meses de cárcel.
El juicio se ciñó al guion previsto. Los dos procesados habían alcanzado previamente un acuerdo con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por la Asociación para la Promoción y la Mejora de los trabajadores de Primayor. Manuel L. B. y José Luis C. M. reconocieron los hechos para reducir al mínimo sus castigos.
Cerrado el capítulo de la responsabilidad penal, queda aclarar la cuestión de la responsabilidad civil. Manuel L. B. solo ha podido devolver 61.000 euros. La Fiscalía sostiene que se llevó 74.000 euros, mientras que sus antiguos compañeros elevan esa cantidad hasta los 102.754 euros. En principio, es el acusado el que debe hacer frente al pago de la diferencia. Sin embargo, el expresidente del comité de empresa aseguró ayer al tribunal que ya no tiene más patrimonio: “Lo he vendido todo”, aseguró. Por ello, la Fiscalía y la acusación piden al tribunal que sea la entidad financiera en la que se cobraron los talones irregulares la que haga frente al pago: “Fallaron los controles de seguridad. Hubo un evidente error y una falta de vigilancia, ya que no se detectaron las firmas falsificadas, no en un cheque, sino en 52”, explicó la fiscal Isabel Uceda en su informe final.
Lo que sí ha quedado claro con el caso Primayor es el deficiente control de los fondos públicos que recibió la asociación de extrabajadores de la antigua fábrica.
El Juzgado de Instrucción 2 de Jaén, que investigó estos hechos, abrió una pieza separada para determinar de dónde procedía el dinero que cogieron Manuel L. B. y José Luis C. M. También pretendía averiguar cómo se gestionaba. En principio, se sospecha que son fondos públicos. El caso pasó al Juzgado de Sevilla que instruye el caso de los ERE’s fraudulentos.