Lo acusan de embolsarse más de 80.000 euros de su socia

José Antonio B. L., un empresario de Campillo del Río, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia acusado por un delito de apropiación indebida. Presuntamente, se apoderó de más de 80.000 euros que una socia comercial le entregó como adelanto para comprar varias partidas de ajo. “Llegó a reconocer que empleó el dinero en sus necesidades particulares”, señala el fiscal, en su escrito de acusación provisional, en el que pide tres años de cárcel. No obstante, el procesado negó todos los cargos. Admitió que tenía una deuda con la querellante y su esposo, pero no porque se apropiara de los fondos, sino porque a él dejaron de pagarle: “Los bancos me ejecutaron, me quedé sin liquidez y no pude afrontarlo. Lo perdí”, aseguró, a preguntas de su defensa. En este sentido, José Antonio B. L. alegó que nunca se ha negado a pagar, que llegó a firmar un reconocimiento de deuda y que, además, ha ido pagando cantidades: “Ahora mismo lo que le debo son unos 20.000 euros, a los que tengo intención de hacer frente. No quiero quedarme con nada de nadie. Estoy esperando que me paguen a mí para poder pagar”, argumentó.

Los hechos se remontan al 12 de febrero de 2014, cuando el acusado y la empresaria denunciante suscribieron un contrato mercantil de cuentas en participación. Es decir, se propusieron llevar entre ambos un negocio de compraventa de ajos en el que la mujer aportaba primero el capital y José Antonio B. L. ponía los clientes y efectuaba la venta del producto. Posteriormente, se repartían las ganancias obtenidas al 50 por ciento entre ambos.

El acusado calificó ese contrato como “netamente abusivo y disparatado”. “Ellos —en referencia a la querellante y a su marido— tenían una posición de dominio sobre mí. Ellos tenían el dinero y yo solo podía decir que sí”, relató el procesado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia. No obstante, José Antonio B. L. responsabilizó de la deuda a las circunstancias del mercado: “Yo había financiado a varios agricultores para que compraran semillas y me dejaron plantado con la cosecha. El dinero lo tenía adelantado y lo perdí. Eso hizo que no tuviera liquidez y que los bancos me ejecutaran las pólizas”, relató.

Por su parte, la empresaria explicó que habían realizado varios negocios juntos con anterioridad al contrato del 12 de febrero de 2014 y que nunca se había producido problema alguno. “En abril, nos dimos cuenta de que no nos iba a pagar. Hablamos con él y descubrimos que tenía muchos problemas económicos y financieros. Conseguimos que nos pagara un reconocimiento de deuda”, explicó.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida por el que reclama tres años de cárcel, más el pago de una multa de 1.800 euros. Además, también solicita que devuelva los 80.830 euros adelantados, más los intereses de demora. La defensa, mientras tanto, entiende que no hay delito y, por ello, reclama la absolución.