Lillo reclama a los jueces más dureza contra el fraude
Destaca la importancia de la operación “Fierro”, con más de 50 detenidos
La operación “Fierro” ha permitido desmantelar una trama de cuatro empresas ficticias creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social. Presuntamente, daban de alta a decenas de trabajadores, que no realizaban actividad laboral alguna, pero que generaban las cotizaciones necesarias para pedir subsidios como el desempleo. Un fraude en toda regla que, además, no es nuevo. De hecho, los falsos empresarios, una pareja de jiennenses con numerosos antecedentes, ya lo habían llevado a cabo en más de una ocasión en los últimos meses. De hecho, tienen diligencias abiertas por hechos similares en tres juzgados de la capital.
Una circunstancia que sirvió al subdelegado del Gobierno para reclamar a los jueces más dureza contra estos estafadores: “Una vez que se detecta el fraude, se pone en conocimiento de la autoridad judicial y creemos que no se está llevando a cabo de manera acertada”, aclaró Juan Lillo. Después, pasó al caso concreto del falso empresario detenido en el marco de la operación “Fierro”, Francisco V. A., y que, junto con su mujer, había dado de alta a más de 150 falsos trabajadores en sus cuatro empresas fantasma: “No puede ser que este señor, que es un viejo conocido, haya hecho en varias ocasiones fraudes parecidos (...) y haya salido con muy poco daño en el aspecto judicial”, añadió.
El subdelegado aseguró que con sus palabras no pretende “culpar a nadie”, sino, simplemente, “decir la realidad de los hechos”: “Si los que defraudan estuviese, pagando, seguramente, estaríamos contando otra situación”.
Los números de la operación “Fierro” dan una idea de la magnitud del engaño a la Seguridad Social: 101 investigados, 53 detenidos y prestaciones indebidamente cobradas por valor de 226.564 euros.
La investigación arrancó en julio de 2015, cuando la Inspección de Trabajo alertó a la Policía de la existencia de una empresa “de mentira”, con sede en Campillo de Arenas y dedicada a la grabación de sonido. Sus cuatro “trabajadores” jamás pisaron el estudio, pero sí que cotizaron para cobrar el paro. El patrón era Francisco V. A., que entonces ya fue detenido. Presuntamente, se quedaba con el 50 por ciento de los subsidios que recibían sus “empleados”.
La Policía Nacional sacó a relucir otras tres empresas vinculadas a Francisco V. A. o a su pareja, Gema D. A. Sobre el papel, se dedicaban a actividades tan variadas como la reparación de muebles, la tapicería y la construcción. “En verdad, no hacían nada”, aclaró el inspector jefe de la UDEV, Alfonso Ruiz Piote, que ha llevado la investigación. Esas sociedades dieron de alta a decenas de trabajadores, que fueron captados en, prácticamente, todas las provincias andaluzas, a través de anuncios en páginas webs o con el boca a boca. La Policía ha detenido a los dos falsos empresarios y al más de medio centenar de empleados que pidieron y cobraron el subsidio de desempleo.
La Inspección de Trabajo realizó, en 2015, más de 4.600 intervenciones en materia de economía irregular. Detectó 592 altas fraudulentas. Además, recuperó más de dos millones de euros de fraudes cometidos por empresas.