Les piden 4 años de cárcel por ruidos molestos de su bar
Los tres socios de la empresa están acusados de un delito contra el medio ambiente. La Fiscalía insiste que la pareja denunciante no podía descansar
La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de cárcel —el máximo que contempla el Código Penal— para los tres propietarios de un bar de la capital por los ruidos molestos ocasionados por su establecimiento. “Como consecuencia de esta situación, la familia que residía en el domicilio colindante sufre el consiguiente perjuicio para su salud física y mental, al impedirles conciliar el sueño, descansar y realizar una vida normal en un entorno acústicamente adecuado en el interior de su domicilio”, explica el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.
Según relata el fiscal, la taberna, ubicada en la calle Donantes de Sangre, generó problemas desde principios del año 2014 hasta enero de 2016, cuando fue clausurada administrativamente por el propio Ayuntamiento, quien le retiró la licencia de apertura. Señala que la supuesta contaminación acústica procedía de “los equipos de reproducción sonora, del extractor de humos y de la afluencia de clientes”. En la noche del 28 al 29 de enero de 2014, y a instancias de Urbanismo, se realizó una medición del nivel de ruido en el domicilio de los denunciantes. “Resultó intolerable, al superar en más de 6 decibelios los valores límites establecidos”, dice la fiscal. En la madrugada del 17 de mayo, los afectados realizaron una segunda medición, también en su casa. El Ministerio Público asegura que los niveles permitidos se sobrepasaron en 13 decibelios en esa ocasión.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica y acusa a los tres socios propietarios de la taberna. Pide para cada uno de ellos 4 años de cárcel y que entre todos indemnicen con 34.000 euros a la familia afectada. Así, el escrito de acusación recuerda que la pareja sufrió un “trastorno ansioso depresivo, insomnio y trastorno adaptativo, que requirieron asistencia facultativa y tratamiento”. La defensa de los procesados, en principio, niega todos los cargos que se les imputan.
Por prevaricación. Cuatro técnicos municipales estuvieron imputados por, presuntamente, dar la licencia sin comprobar si el local cumplía los requisitos. El juez instructor los sacó del procedimiento, aunque su decisión está recurrida ante la Audiencia.