Las viviendas “alegales” pagan un IBI mayor de lo que deben

Sean “ilegales”, como dicen que dejan claro los técnicos municipales, o “alegales”, como sus propietarios las definen, en la capital hay unas 5.000 viviendas que pagan más de lo que deben por el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. No lo dice cualquiera, sino el Tribunal Supremo, que se pronunció sobre reclamaciones en Badajoz y Madrid, este mismo año, presentadas por propietarios de casas que están a la espera de encajar en el ordenamiento urbanístico municipal, levantadas en suelo rústico, a todos los efectos, pero a las que se les cobra la contribución de una finca en suelo urbano. Las federaciones vecinales Objetivos Comunes (OCO) y Ciudadanos por Jaén (CxJ) y la Unidad de Gestión Vecinal (UGV) de Los Puentes creen que, al sentarse jurisprudencia al respecto, si a un litigante pacense la Justicia le da la razón y considera que paga impuestos de más, lo mismo para un jiennense.

José Sánchez, vicepresidente de la UGV, recuerda que, por todas las afueras del municipio jiennense, se extienden chalés que cumplen con estos requisitos, entre primeras y segundas residencias, desde Los Puentes, a La Manseguilla, Tentesón o Los Bermejales, pasando por las construidas junto a la antigua carretera de Mancha Real o en la camino hacia Torrequebradilla. Todas tienen algo en común, no cuentan con todos los servicios que se corresponde a una vivienda que paga el IBI urbano y, con sus peculiaridades, en ningún caso pudieron completar unos trámites para su regularización, a pesar de que, en algunos casos, ya son décadas de trabajo de sus dueños para conseguirlo. Alberto Castro, presidente de la UGV estima que el Impuesto de Bienes Inmuebles urbano supone un desembolso anual que llega, en algunos casos, a los 500 euros y que no baja de los 400. El de rústica, por contra, suele costar unos 300 euros menos. “Esto es un marrón para el Ayuntamiento si todos reclamamos”, juzgó. Solo hay que multiplicar para estimar de cuanto dinero se trata. Por ejercicio sería 1,5 millones que tendrían que repartirse los 5.000 propietarios y, si se tiene en cuanto que la ley les permite reclamar hasta 4 años atrás más el que esté en curso, la factura global llega a los 7,5. De ahí que, lo primero que tiene previsto este frente de asociaciones es solicitar una reunión al nuevo Gobierno local, para conocer si es capaz de dar una respuesta rápida. Si anunciara un proceso de regularización masiva, las reclamaciones podrían frenarse. Tanto Antonio Guerrero, de CxJ, como Josefa Alcántara, de OCO, dejaron claro que trabajarán unidas para respaldar esta exigencia.