“Las Protegidas” recurre a la Justicia por la rehabilitación

Siempre han pensado que se les negó una ayuda que tenían comprometida para beneficiar a otros barrios o, incluso, para priorizar el tranvía. Y, en un “callejón sin salida”, mientras la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento dan pasos para intentar solucionar el entuerto de Las Protegidas, el Grupo 1060-José Antonio interpuso ayer, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un recurso para reclamar a la Administración autonómica la rehabilitación integral de los bloques a la que se comprometió en 2009.

La comunidad de propietarios recurre, de nuevo, a la Justicia para que el Ejecutivo andaluz cumpla “íntegramente” con la orden que la Consejería de Vivienda dictó el 19 de febrero de 2009 y que contemplaba destinar 24 millones de euros a la rehabilitación integral de las 4 manzanas a razón de 6 millones cada una. Esta era la compensación prometida por una inscripción de los inmuebles, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, que se realizó con la oposición de los propietarios.

La interposición de este recurso llega tres meses después de que el grupo que preside Juan José de la Torre registrara ante la Junta una reclamación previa dirigida en el mismo sentido que no recibió respuesta. “Ante la inactividad de la Administración y por considerarla lesiva a los intereses [de la comunidad] y no ajustada a derecho”, se interpone, pues, este recurso contencioso-administrativo.

Las viviendas llevan casi 10 años “protegidas”. Pero, ubicadas en el corazón de la capital, la situación en la que se encuentran las zonas comunes del Grupo 1060-José Antonio es “preocupante”, como lamentó De la Torre, en una rueda de prensa, el pasado mes de diciembre. Como relató el administrador de la comunidad, José Luis Villagrán, los pisos sufren “patologías estructurales”. Hay humedades por capilaridad que están provocando movimientos en el suelo y asentamientos que están afectando a los muros de carga, y a esto se suma el deterioro de las techumbres y el riesgo de derrumbes en los balcones.

Todas estas deficiencias se detallan en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que sirvió a la Gerencia de Urbanismo para ordenar, en octubre, medidas cautelares, como el desalojo de los pisos de la última planta del grupo y el vallado perimetral exterior e interior. Sin embargo, la comunidad de propietarios no ha acatado ni lo uno, ni lo otro. Al desalojo se opone con el argumento de que carece de capacidad coercitiva para instar a los dueños o inquilinos a abandonar los pisos sin una alternativa habitacional y, en cuanto al vallado, esgrime falta de recursos económicos para ello. A esto último se ha comprometido el Ayuntamiento, según los vecinos.