Las Protegidas exige a la Junta que las saque del “embrollo”

La rehabilitación comprometida o la descatalogación, pero una solución “ya”. Los propietarios de las viviendas del Grupo 1060-José Antonio de Las Protegidas lanzaron una llamada de auxilio, fundamentalmente, a la Junta de Andalucía, para que, antes de que ocurra “alguna desgracia” por la “situación deplorable” en la que se encuentran los inmuebles, los saque del “embrollo” en el que los “metió” cuando, el 14 de julio de 2006, la Consejería de Cultura los incluyó en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.

Agotada la vía judicial a la que recurrieron para revocar la medida y con una resolución de Urbanismo que los urge a desalojar los últimos pisos y a vallar el perímetro de la manzana por el riesgo de derrumbes, el presidente del grupo, Juan José de la Torre, reivindicó por activa y por pasiva: “Queremos vivir dignamente”. En un ejercicio de memoria, recordó las ayudas prometidas (6 millones de euros para la rehabilitación integral de cada grupo) por la Consejería de Vivienda y cómo se quedaron en agua de borrajas, y negó que la comunidad haya rechazado la subvención de más de 854.000 euros que le ha aprobado recientemente el departamento que coordina Felipe López.

“Cada vez que la Junta anuncia préstamos para la rehabilitación de viviendas siempre echamos la solicitud”, señaló De la Torre, pero reclamando —subrayó—: “Nuestros 6 millones”, el montante que se les concedió en la orden de 19 de febrero de 2009. Así lo hicieron en la primera línea de ayudas a la rehabilitación edificatoria con la que la Junta de Andalucía abrió un grifo que llevaba cerrado casi un lustro. Pero recalcó el presidente de la comunidad: “No nos dieron el 60% [de lo que cuesta la rehabilitación]”. Señaló que ese 60% hubieran sido 3,5 millones, pero la subvención que les concedió, en primera instancia, la Consejería de Fomento y Vivienda era el “14%”. Y eso —apostilló—: “No nos da ni para arreglar los tejados”.

Aunque, todos los años, “dentro de sus posibilidades”, la comunidad de propietarios hace obras, en los bajantes o para mitigar las goteras, con el fin “de mantenerse a flote”, el problema de las viviendas es “estructural”, aclaró el administrador de la comunidad. José Luis Villagrán apuntó que este problema se descubrió ya en 2003-2004, cuando los vecinos llegaron a un acuerdo con una promotora para demoler las viviendas y hacerlas nuevas, y alertó de que “se han empezado a hundir los tejados”, de las “humedades por capilaridad” que hay en el subsuelo y de “asentamientos de los bloques” que están haciendo que “se inclinen”.

“Estamos muy asustados”, resaltó De la Torre. “Si ocurre alguna desgracia, habrá que ver de quién es la responsabilidad”, señaló el presidente del grupo, que, por enésima vez, exigió la descatalogación de las viviendas “para poder dárselas a una constructora” y que les haga “unos pisos decentes”, como los que —indicó— quiere todo ciudadano. Si no, que cumpla con la orden de ayudas de febrero de 2009.

Para la descatalogación, cuentan con el respaldo de la Federación Objetivos Comunes (OCO) y con el del alcalde, Javier Márquez, que les ha prometido que mediará ante la Junta para lograrla. Si no es posible, para que se ejecute la subvención de 6 millones que se les aprobó hace casi 6 años, anuncian que irán de nuevo a los juzgados, aunque por la vía de lo Contencioso-Administrativo. Para que la Junta los escuche, simplemente, mañana se concentrarán en la Plaza de las Pastiras.