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domingo, 18 agosto 2019
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URGENTE

El renacentista Palacio del Capitán Quesada Ulloa, en la Plaza de la Merced, es la sede del área de Urbanismo municipal, un escenario apenas usado para comparecencias públicas en el anterior mandato que, ayer, fue elegido por el alcalde, Julio Millán, para reunirse con los decanos de los colegios de arquitectos y aparejadores, Pedro Cámara y José Miguel de la Torre y el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, Francisco Chamorro. En la atención previa a los periodistas, el máximo responsable municipal deslizó que el hecho de abrir esas dependencias municipales a estos tres colectivos era “simbólico”. No en vano, ellos mismos sostienen que, desde hace más de tres años, reclamaban la posibilidad de trabajar de forma coordinada con la Administración municipal para agilizar la obra pública y privada en la ciudad. La máxima expresión de que no es un buen momento para esta actividad económica es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en vigor desde 2016, aunque aprobado en 2014, está suspendido de facto por la Justicia, por no adecuarse a la normativa europea. Ante esta traba, Millán se mostró a favor de “sobre los hechos en sí” a los que pueda afectar esta circunstancia, dar por anulado ya el PGOU, con la idea de pensar en modificaciones puntuales del anterior, aprobado en 1996, precisas para revitalizar proyectos o echar a andar otros, con la incorporación de los aspectos del último PGOU que sean necesarios.

Eso sí, recordó que aún no está en la Alcaldía la notificación oficial de los tribunales que tumba el documento, consecuencia del recurso que intentó interponer el anterior Gobierno local, para lo que anuncia, mientras tanto, trabajo en las acciones concretas que puedan verse afectadas. En este grupo pueden estar, por ejemplo, la tramitación de licencias del futuro centro comercial Jaén Plaza, además de otras inversiones públicas o desbloquear la situación de los barrios que están fuera de ordenación urbanística. En definitiva aplicar soluciones que ya se probaron con éxito en otras ciudades, como Marbella, con problemas con el PGOU idénticos al jiennense y dar “seguridad jurídica” que es lo que demandan arquitectos, constructores y aparejadores, de forma colegiada, desde que, hace más de un año, una primera sentencia, a la que siguieron otras, dijo que el proyecto urbanístico no se ajusta a la ley. En paralelo, Millán deja clara su voluntad de optimizar los recursos humanos del área, para la que anuncia una reorganización en aras a lograr una mayor agilidad. “Es importante además aprovechar recursos y herramientas que tienen los colegios para avanzar en tramitación electrónica o acelerar visados. Creo que estas sinergias nos van a ayudar para que la eficacia y la eficiencia de este servicio público, que es también el Urbanismo, sea la normalidad en la gestión municipal”, insistió. Francisco Chamorro, de la patronal de la construcción, además de alabar que, en su estreno en el cargo, el máximo responsable municipal se ponga en contacto con ellos, volvió a plantear, como hizo en la anterior etapa del Ayuntamiento, la urgencia de despejar dudas sobre el PGOU, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (Pepri) o la necesidad de que la Junta delegue a la Administración local competencias para autorizar obras en edificios protegidos, como ocurre en Baeza, por ejemplo.

Pedro Cámara, decano de los arquitectos, no ocultó su preocupación por el hecho de que supone un freno para el sector el retraso de la tramitación de licencias que este colegio profesional denuncia. “Hay mucha gente que quiere invertir en Jaén y la administración no puede dilatar estas oportunidades”, aseguró. En esta línea, José Miguel de la Torre, de los aparejadores, lamentó que la “indefinición de planeamiento urbanístico” tiene como consecuencia que una licencia para construir en el casco antiguo pueda demorarse hasta 3,5 años. “Lo que hemos querido en este tiempo es colaborar en todo lo necesario. Jaén no puede soportar por más tiempo la inseguridad jurídica”, argumentó, convencido de que, al no ponerles fácil colocar su dinero, se “maltrata” a aquellos que tienen intención de mover sus fondos.

Durante la campaña previa a las elecciones de las municipales y, también antes, los dos colegios profesionales y la asociación mantuvieron varias reuniones con Millán, en su etapa de candidato a la Alcaldía.

Cobertura para dar legalidad a los barrios que están sin ordenamiento

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no solo afecta, como denuncian constructores, aparejadores y arquitectos, a aquellos que quieran invertir en la capital en obra pública y civil, también deja “colgados” a cientos de propietarios de viviendas que, actualmente, están fuera de ordenamiento. Es el caso de las construidos en suelos urbanos sin consolidar, figura recogida en el proyecto urbanístico de 2014 que está en vías de anulación, que era el paso previo para dar legalizar barriadas enteras, como las del Tentesón, Bermejales o Manseguilla. Otros jiennenses, como los residentes en Los Puentes, piden al área de Urbanismo municipal mayor agilidad para que entren dentro del ordenamiento municipal los inmuebles en los que tienen su primera residencia o que usan como lugares de recreo. Una de las medidas que reclaman es que se acojan al decreto de la Junta aprobado al efecto, una vía que, de hecho, ya defendió el actual alcalde, Julio Millán, cuando aún estaba fuera de la Corporación municipal. Solo al final de su mandato, a días de las municipales, el anterior regidor, Javier Márquez, admitió que era preciso optar por modificaciones puntuales del penúltimo PGOU de 1996, que no puede ser anulado, al estar convencido antes de que la mejor vía era tratar de demorar, mediante recursos, la defunción del documento aprobado en 2014.