La permuta de solares para hacer el instituto es inminente

La materialización del ambicionado instituto de Secundaria en el casco histórico se ha convertido en una carrera de fondo en la que, después de tres años de dimes y diretes, por fin empieza a vislumbrarse la permuta de terrenos necesaria para que la Consejería de Educación pueda poner, al menos, la primera piedra y cumplir uno de sus compromisos con la capital. Con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, desde mediados de marzo, y con el beneplácito del pleno de la Corporación, el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento remitió a la Junta de Andalucía la propuesta para permutar el solar de San Andrés (conocido, en el planeamiento urbanístico de la ciudad, como APA III y propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA) por el terreno que otrora ocupó el colegio Santa Teresa.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, contiene información sobre la clasificación urbanística de los solares que serán objeto de la permuta, así como su valoración económica. De acuerdo con las exigencias de AVRA, la estipulación tercera del convenio aclara que la puesta a diposición de los terrenos “se realiza una vez que se ha procedido a la depuración física y jurídica” del solar del colegio Santa Teresa, y se subraya: “A tal fin, y con la colaboración de ambas administraciones, se ha procedido ya a la resolución de la doble matriculación existente y, en consecuencia, se ha rectificado la inscripción de la titularidad municipal”.

¿Qué es, entonces, lo que ralentiza la firma del acuerdo? El delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, detalló a este periódico que la causa son las “varias deficiencias” que contenía la propuesta de convenio. “Una de ellas —apuntó— es que se dice que el solar es de 2.100 metros cuadrados. En el plano catastral aparece con 1.900 metros y, además, hay un informe municipal en el que indican que se tienen que destinar 200 metros para sistemas generales y no sabemos si hay que descontarlos de los 2.100 o de los 1.900”. No obstante, aún añadió dos cuestiones comparativamente más importantes. No se les había remitido todavía el certificado de Patrimonio con la calificación urbanística del terreno y —remarcó—: “Hay un asentamiento rumano y tienen que iniciar la orden de desalojo antes de dárnoslo”.

En cualquier caso, señaló: “No hay cuestiones insalvables. Son temas más formales que otra cosa”. Destacó que la comunicación y el intercambio de documentos son fluidos entre su área y el Ayuntamiento y se mostró convencido de que la permuta, por la parte que le compete, es “inminente”. “Por la de Educación, ni idea”, apostilló. Y la posibilidad de que la ciudad pierda una inversión cercana a los 4,5 millones de euros llena de incertidumbre y temor a los vecinos de la zona. Perdida, en 2014, la financiación del Plan OLA, el Ejecutivo autonómico ha mantenido en los Presupuestos de la Junta de Andalucía su compromiso para ejecutar la ampliación del San Juan Bosco, en cuanto se resolviera el escollo de la permuta de terrenos. Máxime, cuando, además —y como recuerda la propuesta de convenio— el proyecto cuenta con licencia urbanística desde el 11 de noviembre de 2013. Sin embargo, a las puertas de que el Consejo de Gobierno apruebe las cuentas para 2017, la Junta calla sobre la construcción del instituto. Un proyecto que —subraya la presidenta de la federación “Objetivos Comunes” (OCO, María Cantos— es “fundamental para atender las “necesidades educativas del casco histórico”.