La operación “Cloroil” se cierra con penas mínimas

El último gran escándalo del sector del aceite de oliva en la provincia, la operación “Cloroil”, se ha cerrado con penas mínimas. El empresario Enrique Fuentes Ibáñez suma una condena más en su historial, esta vez por delitos de falsedad documental y estafa en grado de tentativa. Desde la cárcel de Córdoba, donde cumple condena por el fraude del caso Iniosa, admitió su culpabilidad a través de una videoconferencia y aceptó una condena de nueve meses de prisión. Para su hijo Enrique F. I., también encarcelado por otros hechos, y para los empresarios Daniel G. M. y Luis María R. P., el castigo fue de tres meses de privación de libertad, que podrán sustituir por una multa.

Es el capítulo final de una historia que comenzó a escribirse a principios de 2016. Fue entonces cuando la Guardia Civil de Jaén abrió una investigación sobre una refinería de Mengíbar, una planta dedicada a la fabricación de biodiésel. Los agentes comprobaron que en esa factoría estaban entrando grandes partidas de aceite de girasol, de palma y de aguacate. Lo curioso es que sus responsables también adquirieron aromatizantes y colorantes de uso alimentario. La investigación duró varios meses, con seguimientos, vigilancias y análisis de ingentes cantidades de documentación. ¿Para qué se necesitan esos productos en una refinería industrial? En mayo de ese año, el Instituto Armado respondió a esa pregunta con la detención de nueve personas. El revuelo fue extraordinario, sobre todo porque no era la primera vez que Enrique Fuentes Ibáñez era detenido por hechos similares. Para los investigadores, el empresario lideraba junto a su hijo una organización criminal dedicada a la adulteración de aceite de oliva. El grupo se dedicaba a mezclar distintas grasas vegetales con aromatizantes. El resultado final era un producto que podía ser combinado en mayor proporción con aceite de oliva virgen extra sin ser detectado. De esta manera, se “engordaban” las ganancias del grupo.

Finalmente, solo cuatro de los nueve arrestados se han sentado en el banquillo del Penal 1. Además de Enrique Fuentes y de su primogénito, los otros procesados, el representante legal y el gerente de una empresa aceitera de la localidad de Mancha Real. Ambos reconocieron ante su señoría Valle Elena Gómez que habían recepcionado el producto elaborado en la refinería y que estaban dispuestos a mezclarlo con aceite de oliva. El siguiente paso era envasarlo y comercializarlo.

En su escrito de acusación, ahora elevado a sentencia, el fiscal explicó que la mezcla era un producto “inseguro, poco deseable para el consumo humano, pero no a un nivel que suponga una amenaza para la salud pública”. Junto a ese factor, el Ministerio Público también aseguró que no estaba probado que ese “mejunje” obtenido en la refinería de Mengíbar llegara a los mercados. Por eso, no presentó cargos por un delito contra los consumidores. Y dejó los hechos reducidos a una tentativa de estafa y a una falsedad documental. Es decir, un fraude por intentar pasar por aceite de oliva una mezcla de otras grasas. Para dar apariencia de legalidad y ocultar que la mercancía procedía de una planta de gestión de residuos, Enrique Fuentes Ibáñez dio órdenes para rellenar las cartas de porte de la mercancía con datos ficticios, según los atestados.

Desde hace semanas, las defensas de los cuatro acusados han negociado con la Fiscalía para tratar de reducir al mínimo las penas para sus clientes. Ayer, cristalizó ese acuerdo de conformidad con el que ser da por concluido uno de los mayores escándalos del sector aceitero de los últimos años: la operación “Cloroil”.