La lucha contra la cantera puede llegar a la Comisión Europea

La plataforma exige un paso más al Ayuntamiento y lo insta a que denuncie

28 feb 2017 / 12:07 H.

La indignación, envuelta en impotencia, que siente la Plataforma Salvemos la Fuente de la Peña por el “partido de tenis” que disputan la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento “mientras se están llevando la montaña” es tal, que, “si en breve”, no se da una respuesta a esta situación —y, en su opinión, no cabe otra que la clausura definitiva—, está dispuesta a llevar el caso a “instancias superiores”. En concreto, a la Comisión Europea. “A lo mejor, ahora que se dictamina el DUSI (fondos Feder al Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado solicitados por el Ayuntamiento), no les gusta que la forma en la que piensan desarrollar los plenas ecológicos es cargándose la montaña”, reflexiona, amenazante, la coportavoz de este movimiento ciudadano, Marina Heredia.

El enfrentamiento que libran las administraciones local y autonómica es “surrealista” para el colectivo, que, la semana pasada, aplaudió la moción del Ayuntamiento para instar a la Junta, a la que señala como única competente, a rescindir la concesión administrativa y cerrar la cantera. No obstante, después de conocer —tal y como secuencia el informe del ingeniero municipal de Montes— que el Ayuntamiento se opone desde 1976 a la explotación de este monte público, protegido por el actual PGOU, y que una sentencia del Tribunal Supremo canceló el contrato de arrendamiento suscrito con la empresa en 1983, la plataforma exige un paso más por parte del alcalde, Javier Márquez, o, en su defecto, del pleno de la Corporación. “Si lo que se dice es verdad, demandaría a la Junta y a la empresa, porque se aprovechó el impás jurídico en el que [la denuncia municipal de la prórroga de la concesión de las canteras de la Fuente de la Peña y de la Imora] llega al Supremo para que la Junta [entonces, el Instituto de Conservación de la Naturaleza] otorgara la concesión minera”, expone Heredia, limitándose a analizar las últimas informaciones publicadas.

Pero no se queda ahí. Muy crítica, cuestiona: “Un alcalde que reconoce que no se cumple con el PGOU, ¿no piensa hacer nada más, aparte de culpar a la Junta? ¿La instas y no vas a hacer nada, cuando te están haciendo un destrozo en tu casa?”. La activista lamenta el “desamparo tan grandísimo” en el que, en su opinión, deja a la ciudadanía este proceder de las administraciones públicas. “¡El patrimonio natural no tiene vuelta atrás, ni con mil planes de restauración! O toman decisiones, la Junta o el Ayuntamiento, quien tenga la competencia y la responsabilidad, en breve, o acudimos a instancias superiores, porque, mientras tanto, ¡se están llevando la montaña y van a destajo!”, hace hincapié Heredia, que, no obstante, dice esperar “algo de cordura y que alguien dé el paso y paralice” la explotación. Al menos, de forma cautelar, mientras la Justicia dilucida si hay delito y quién tiene las competencias en este embrollo que temen que se eternice.

Lo que “Salvemos la Fuente de la Peña” tiene meridianamente claro, a pesar de que Junta, Ayuntamiento y empresario subrayan que la actividad es legal, es que “se está expoliando un patrimonio municipal”, que es, además, un emblema paisajístico de la capital, y advierte Heredia: “Si lo que pretenden es cansarnos, ¡nos van a soñar!”. Hoy saldrán de nuevo a la calle para recoger firmas. Será en la Plaza de Santa María.

La Junta insiste en que el monte es municipal

La Junta de Andalucía insiste en que no tiene competencia alguna para retirar la concesión de la cantera de la Fuente de la Peña por un motivo fundamental: “El Ayuntamiento es el propietario del monte público”. La Administración andaluza se remite al comunicado que ya remitió el jueves, como reacción al informe del Negocio de Patrimonio de la entidad local y, por extensión, al acuerdo plenario que la insta a revocar la concesión directa que el Icona otorgó, en la década de los setenta del pasado siglo, al empresario y a impedir la continuidad de la cantera, y asegura que la actividad se desarrolla en un terreno que no está consorciado entre ambas instituciones. “El que sí lo está es el de ‘Santa Catalina, Cerro del Neveral, La Imora y El Almendral’ (JA-30020-AY, anteriormente, J-3020), al que se hace alusión en las referencias de la propuesta de acuerdo plenario con la clara intención de crear confusión”, subraya. Y reitera: “La potestad de cerrar la cantera corresponde al Ayuntamiento”. El mismo escrito agregaba que las competencias de las delegaciones de Economía, Medio Ambiente y Cultura de la Junta se limitan a la vigilancia de la explotación y al control de la legalidad de su activi-dad. Recuerda que la licencia de actividad, que es centenaria, también es municipal y critica el cobro de un canon anual.

En su comunicado del jueves, la Administración autonómica enfatizaba la existencia de un acuerdo plenario de junio de 1972 por el que, bajo la presidencia del entonces alcalde, Ramón Calatayud, se aprobó la cesión de terrenos municipales a Manuel Mesa Galán para explotación de cantera de Solana de la Fuente de la Peña y se prorrogaba por otros dos años el aprovechamiento del monte de Santa Catalina, El Neveral y La Imora. Resaltaba que, en el punto primero, se estipulaba un canon anual no inferior a 30.000 pesetas y, en el segundo, se fijaba en 10 pesetas el precio del metro cúbico de piedra extraída. Desde el año 1976 el Ayuntamiento se opuso a este aprovechamiento y, bajo el mando del socialista Emilio Arroyo, se denunció la prórroga en los tribunales. En 1983, el Supremo falla a favor de la entidad local.

Pese a que esta asegura que no existe arrendamiento, la Junta reprocha que, en noviembre de 2016, solicitó información a la Dirección General de Minas de la Junta sobre los metros cúbicos extraídos —cuyo precio se ha actualizado cada año conforme al IPC— por la empresa para cobrarlo.

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