La Justicia ordena castigar a Somuvisa por una chapuza

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jaén ha decretado el embargo de las cuentas de la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén (Somuvisa) hasta cubrir los 221.257 euros en los que está valorada la reparación de un edificio de 38 apartamentos adosados, sito en la calle Fuente de la Mimbre, del que la propia Somuvisa fue promotora y que presenta varios defectos estructurales desde su construcción, hace ya más de una década.

El proyecto básico y de ejecución de las viviendas fue sellado en mayo de 2006, siendo alcalde Miguel Sánchez de Alcázar (PP), la licencia de obras se expidió en junio de ese mismo año y el certificado final de obra se emitió en febrero de 2009, con Carmen Peñalver (PSOE) en la Alcaldía. Del edificio, proyectado por los arquitectos Ezequiel Calatayud, Esperanza Lozano y Alfonso Mollinedo, llama la atención su diseño vanguardista, incluso rayano en el minimalismo, pero, ya se sabe: no es oro todo lo que reluce. Los propietarios aseguran haber sufrido las consecuencias de una ejecución de obras nefasta: humedades, filtraciones de agua, tabiques tan endebles que no amortiguan los ruidos cotidianos de apartamentos colindantes... Una auténtica chapuza. Por ello, decidieron acudir a la Justicia.

Representados por el abogado Manuel Gutiérrez Collado, demandaron ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 a Somuvisa, a la que reclamaron la reparación de todas las deficiencias estructurales del edificio. La sociedad, no obstante, se negó a ello y sólo reconoció defectos puntuales en las puertas cortafuegos y en una de las viviendas, fallos que sumaban menos de 900 euros. Sin embargo, un perito judicial recogió en un informe que el inmueble, efectivamente, presentaba daños como ventilación deficiente por agua en las paredes internas de los armarios empotrados, humedades, filtraciones de agua de lluvia, ruidos entre viviendas por aislamiento acústico defectuoso, defectos en las puertas cortafuegos, daños en el revestimiento exterior, deterioro en la junta de dilatación y baldosas levantadas. En cuanto a los dos últimos aspectos, se determinó que eran fruto del envejecimiento del edificio, por lo que no eran imputables a Somuvisa, pero, en cuanto al resto, el perito dejó claro que eran consecuencia de una mala ejecución de obra y hasta de incumplimientos de la normativa. Por ello, en una sentencia del 14 de enero de 2019, el juez condenó a Somuvisa a llevar a cabo las obras necesarias para reparar todos los desperfectos denunciados.

El Juzgado dictó el 29 de octubre de 2020 un auto de orden de ejecución de la sentencia. Como no se cumplió el plazo, el pasado noviembre se designó a un perito para hacer la valoración de las obras pendientes, que se tasaron en 221.257 euros. Posteriormente, los propietarios solicitaron el embargo de las cuentas bancarias de Somuvisa para poder obtener la suma peritada y, con ella, hacer frente a los trabajos necesarios para solventar, de una vez por todas, las deficiencias estructurales en el edificio. El pasado 7 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 3 decretó, como antes se ha apuntado, el embargo de los saldos de Somuvisa hasta que los demandantes cuenten con los más de 221.000 euros con los que financiarán las obras. Las cuentas de Somuvisa están maltrechas e incluso estuvo a punto de desaparecer en el anterior mandato municipal, pero, de momento, los propietarios ya han recibido los primeros 45.000 euros.

Fuentes del Ayuntamiento de Jaén, consultadas por este periódico, explican que los propietarios del edificio de la calle Fuente de la Mimbre “se han quejado desde el minuto uno” de los fallos estructurales del inmueble, aunque resaltan que el problema viene de mandatos anteriores —de hecho, la primera sentencia es de meses antes de las municipales de 2019 y de que el socialista Julio Millán lograra la Alcaldía—: “Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento empezamos a solucionarlo. Es un problema que se tenía que haber resuelto hace siete u ocho años”, agregan. No obstante, asumen la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3, aunque apuntan que lo que se dictó posteriormente no fue un embargo de las cuentas de Somuvisa como tal, sino sólo la retirada de los más de 221.000 euros en los que se tasaron las obras para solventar los daños de la infraestructura. “Están cuantificados los pagos pendientes y también se ha acordado cómo se van a hacer”, aclaran desde el Ayuntamiento, que destacan su voluntad de diálogo para con los vecinos afectados: “Con responsabilidad haremos lo que en mandatos anteriores ya tenía que haberse hecho”, sentencian.