La Justicia invalida de forma definitiva el nuevo PGOU

Más tarde o más temprano iba a pasar. Era cuestión de tiempo que la Justicia anulara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén y encerrara al urbanismo de la capital en un laberinto del que no se sabe cuándo se encontrará una salida. Una de las numerosas sentencias que invalidaba el futuro planeamiento de la ciudad ha adquirido firmeza, por lo que el documento que define el modelo (construcciones, infraestructuras y servicios futuros) de la ciudad se queda en papel mojado. La solución pasa inexorablemente por que el Ayuntamiento impulse la elaboración de un nuevo PGOU. Y, mientras tanto, el equipo de Gobierno trata de quitar hierro al asunto. En un comunicado, asegura que la situación no supondrá retrasos y que tiene una hoja de ruta “para reconducir la situación”. No da más detalles sobre ese supuesto plan alternativo.

La sentencia que da la puntilla al actual PGOU da respuesta a la demanda presentada por una sociedad, Ahumara 17, propietaria de unos terrenos de 16 hectáreas en la zona del Puente Tablas. En las aprobaciones iniciales del planeamiento, esa parcela tenía la calificación de urbanizable. No obstante, cuando el documento se aprobó definitivamente en febrero de 2016, perdió esa condición. Es más, fue calificada como zona de especial protección, en la que no se puede hacer ni un movimiento de tierras. La familia jiennense que está detrás de esta empresa recurrió ante el TSJA, alegando indefensión, ya que se sentían perjudicados por esa decisión. La Justicia les dio la razón en septiembre de 2018 y ordenó la anulación del PGOU de la capital. Entre otros motivos, los magistrados señalaron “el agravio comparativo” que suponía que esos terrenos no fueran urbanizables, en comparación con terrenos aledaños en los que sí se puede construir, como las urbanizaciones de Cerro Molina y Puente Tablas. El Ayuntamiento, entonces, recurrió en casación ante el Supremo. El Alto Tribunal no ha admitido a trámite las alegaciones, por lo que esa sentencia ya es firme.

A raíz de la aprobación del documento urbanístico, en febrero de 2016, fueron varios los particulares, los colectivos y las empresas que acudieron a la Justicia. En los últimos meses, el TSJA resolvió varias de las demandas presentadas para invalidar el PGOU. El argumento que esgrimieron los magistrados es por haberse aprobado siguiendo la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de Andalucía, pero no haber realizado la transposición a la ley estatal de 2006, que obligaba a hacer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Sin embargo, el Ayuntamiento trató de ganar tiempo presentando recursos ante el Supremo. Esa estrategia ya se ha terminado con la sentencia firme en el caso de la empresa Ahumara 17.

¿Qué pasa a partir de ahora? En la práctica, se vuelve al Plan General aprobado en el año 1996 y que estuvo en vigor hasta febrero de 2016. Hay que recordar que con el planeamiento urbanístico ahora invalidado han comenzado a tramitarse proyectos como el centro comercial “Jaén Plaza”, el nuevo Pabellón de Deportes “Olivo Arena” y la regularización de las viviendas de los Puentes y zonas residenciales como “Los Bermejales” y “La Manseguilla”, entre otros. El Ayuntamiento asegura que venían trabajando desde hace más de un año en esta posibilidad: “Jaén tendrá sus infraestructuras e inversiones, tendrá su centro comercial y todos los servicios necesarios”, explica Rosa Cárdenas, la concejal de Servicios Técnicos Municipales en un comunicado. Es aquí donde el Consistorio hace referencia a que tiene diseñada “una hoja de ruta” para “reconducir la situación actual sin que suponga un mayor retraso”. Hay quien pone en duda esta posibilidad y cuestiona que esas licencias ya sean válidas por el mero hecho de haber sido presentadas en el Registro Municipal.

Como ya ha hecho con anterioridad, el Ayuntamiento responsabiliza de la situación “única y exclusivamente” a la Junta de Andalucía, por haber mantenido una normativa contraria a la que tenía la Unión Europea: “Nosotros presentamos correctamente el PGOU. No se entiende que no fueran capaces de actualizar esa norma”.